Bono para la discapacidad, pero sin fotos

La Ley no se pierde en definiciones redundantes y no hace distinciones entre las discapacidades congénitas y las adquiridas y únicamente establece escalas de profundidad entre los graves y muy graves, situaciones que serán peritadas y certificadas por personal calificado.Es cierto que la mejor integración es la del día a día, y no hay mejor terapia que sentirse útil. En ese sentido la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica plantea la inserción laboral de personas con discapacidad grave y muy grave para asegurar una vida digna.La Ley plantea que las instituciones tanto públicas como privadas reserven porcentajes para incluir a personas con discapacidad. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, deben incluir entre su personal administrativo personas con discapacidad en un porcentaje no menor al 4 por ciento. También la Policía deberá cumplir este requisito, mientras que la empresa privada deberá guardar al menos el 2 por ciento de sus puestos laborales.Inicialmente la medida es una buena idea y se deberán sincerar los controles, evitando los cortocircuitos que suelen ocurrir en el Ministerio de Trabajo, para que se cumpla escrupulosamente esta disposición a todos los niveles. Esta vez se espera que las instituciones públicas sean el ejemplo a seguir y no se escuden en la propia Ley para eludir la responsabilidad camuflando a sus funcionarios en contratos eventuales o consultores por producto que trabajan año redondo.Ahora bien, la polémica más amarga emanó de la petición que las personas con discapacidad cursaron al Gobierno para que se contemplara un bono de 500 bolivianos mensuales. Los discapacitados pasaron meses en La Paz, aguantaron inclemencias del tiempo, manipulaciones políticas y más de una torpeza policial que se saldó sin mayores consecuencias para el inconsciente agresor. El Gobierno se mantuvo firme y logró dividir y finalmente aplastar la protesta. Entre el argumentario para rechazar el bono el entonces Ministro de Economía Luis Arce Catacora esgrimía razones de sostenibilidad y disponibilidad presupuestaria. Otro sector menos pretoriano argumentaba que los problemas de la discapacidad grave no se solucionaban con un bono de libre disponibilidad, favorito del neoliberalismo, sino con inversiones estructurales en residencias, médicos y cuidadores especializados, o terapeutas que fueran capaces de mejorar la vida del gran discapacitado. Una bonita visión socialista que tanto se extraña en la educación y en la atención a la tercera edad…Y cuando todos parecían convencidos se filtró el proyecto que finalmente reconocía bono, exactamente en la mitad de lo solicitado, y con sorpresa: Los Gobiernos Municipales iban a ser los encargados de otorgarlo con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Otra confiscación.En la Ley se precisa que el bono es solo para aquellos que no puedan acceder a un puesto laboral de cualquier tipo, es decir, para los grandes dependientes. El lio inmediato vendrá en la valoración médica, pero una vez sorteada, vendrá la desazón.250 bolivianos al mes sirven para bien poco para una familia que tenga que hacerse cargo de una persona con gran discapacidad. Por lo general son familias asfixiadas económicamente y que ya no les queda ni el recurso universal de la kermesse por las tantas veces que lo han intentado. Con 250 bolivianos al mes no se puede resolver ninguno de los problemas, ni siquiera contratar un cuidador una hora al día, peor un terapeuta. Es verdad, tampoco resuelve nada el bono Juancito Pinto ni la Renta Dignidad, pero en este caso, las fotos políticas pueden resultar mucho más dolorosas.