Petróleo, medioambiente y tribunales

El 14 de noviembre del 2012, la petrolera se declaró culpable de los cargos que le imputaron en los tribunales de EE. UU. Y aceptó el cargo de negligencia en la muerte de 11 trabajadores, así como su responsabilidad en los incalculables daños ambientales. Acordó pagar 4.500 millones de dólares, sumados a la multa de 256 millones, impuesta por el gobierno norteamericano.Al año siguiente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó una alerta: los daños ambientales ocasionados por las petroleras más grandes del mundo ascendían a 2,1 billones de dólares. Así que la sanción impuesta a la BP sentó un precedente sobre la proporcionalidad entre indemnizaciones y multas y los daños causados por la negligencia de las petroleras.No puede decirse lo mismo del caso que, en principio, enfrentó a la petrolera Chevron –que absorbió en el 2001 a la Texaco de Ecuador– con el Frente de Defensa de la Amazonia de ese país, organización de particulares que demandó a la petrolera por el acumulado histórico de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de petróleo bruto derramados en la Amazonia ecuatoriana.Texaco operó en Ecuador de 1964 a 1992, antes de ser absorbida por Chevron. E hizo caso omiso del contrato de explotación suscrito con la empresa estatal de petróleos, que la obligaba a utilizar técnicas que redujeran el impacto ambiental de sus operaciones.Según la contraparte ecuatoriana, la Texaco escondió en esos 28 años de operación centenares de piscinas de productos tóxicos y le dejó a la Chevron, nueva propietaria, la responsabilidad de su monstruoso pasivo ambiental. De ese desastre se prendieron los ciudadanos del Frente de Defensa de la Amazonia.La Chevron pidió y maquinó durante 10 años para que el caso no se ventilara en los tribunales nortea-mericanos –acaso más exigentes–, sino en tribunales ecuatorianos, probablemente más laxos. Consiguió así que en el 2002 se hiciera el traslado a los tribunales del país suramericano.En el 2011, después de toda clase de manipulaciones y evasivas de la compañía, una corte ecuatoriana condenó a la Chevron a pagar 9,6 mil millones de dólares. Y como la petrolera no quiso excusarse ante la ciudadanía, como lo mandaba el fallo, el tribunal ratificó y duplicó la sentencia: la empresa fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares. La Chevron contrademandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Esta ordenó al Ecuador suspender la ejecución de la sentencia, algo que constitucionalmente no puede acatar ninguna instancia del Estado ecuatoriano. El Tratado de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, invocado por La Haya, no se puede aplicar retroactivamente, pues entró en vigor en 1997, cinco años después de la salida de la Texaco.Independientemente del fallo futuro, el caso de la Texaco-Chevron hace parte del expediente de las petroleras y entra en el juego que implica por igual a esas petroleras y a las agencias del Estado, que ponen las reglas. Por ello, su responsabilidad será mayor en la medida en que tolere o sancione daños ecológicos y humanos que, por negligencia o deliberadamente, fueron causados por las multinacionales petroleras.Óscar Collazos