TIPNIS: El fondo y la forma

Lo hizo antes y después de que se exprese ayer, mediante el paro de la Central Obrera Boliviana (COB), el repudio popular a esa represión. Y es eso lo que ocurrió: un rechazo general a la violencia de Estado en contra de los bolivianos indígenas.Pero los indígenas, anunciando reiniciar la marcha, han dicho que no la suspenderán hasta que el Estado boliviano les garantice, mediante ley, que la carretera no se construirá atravesando el Parque. Esa petición no ha sido motivo aún de debate nacional ni menos objeto de apoyo popular. El paro de la COB de anteayer no tuvo ese objetivo.Entre tanto, Evo Morales ha planteado reiniciar el diálogo respecto del asunto en cuestión y ha propuesto medidas concretas para llegar a definiciones sin descartar la necesidad de construir la vía dado el inobjetable beneficio para el conjunto del país. Entre ellas está un referéndum nacional y departamental, así como proseguir con las consultas a las poblaciones que puedan ser afectadas (¿o beneficiarias?) con la construcción de la vía.Ambas propuestas (la promulgación de una ley nacional y un referéndum), obligan a un debate en ese ámbito (nacional) y una definición que involucre a todos y no sólo a los indígenas que habitan el Parque Isiboro Sécure. Dados los alcances del problema, que ha involucrado precisamente a toda la ciudadanía, mal pueden los indígenas pretender que con una marcha se obligue la aprobación de una ley que afectará al conjunto del país, más aún cuando se trata de la construcción o no de una carretera que unirá a dos capitales de departamento.No corresponde, en consecuencia, que los excesos del Estado (la represión y la mala conducción política del conflicto en días y semanas previos, lo que es cuestión de forma), den pié a otros excesos por parte de los indígenas marchistas (un virtual chantaje para obtener una ley que sólo beneficiaría a unos pocos) que afectan al fondo del problema, que es el rol central del Estado como impulsor del crecimiento armónico del país y del ejercicio de la soberanía plena en todo el territorio nacional. En tal caso, si de referéndum se trata, aparece urgente en el horizonte plantearlo en esos términos: ¿Corresponde que siga vigente la actual redacción del artículo 30 de la Nueva Constitución Política del Estado en todo lo relativo a la “territorialidad”? La urgencia radica en el hecho de que este conflicto, con varios visos de manipulación política ligada a intereses externos a nuestro país, ya ha mostrado síntomas de intervención foránea explícita. En efecto, autoridades de Estados Unidos, país que ha exterminado a la población nativa que habitaba su territorio y que se opuso a la construcción del ferrocarril Este - Oeste, han “metido su cuchara oficiosa” en el asunto pidiendo al gobierno de Bolivia “diálogo” con los indígenas, expresando, a su vez, respaldo a las peticiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.Recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el que autorizó la intervención de la OTAN en el conflicto de Libia, cuyos bombardeos incesantes causan centenas y miles de muertes civiles casi diarias, sin que se manifieste ninguna marcha de la COB en repudio al genocidio. Y este tipo de intervenciones en favor de minorías étnicas no es una novedad que pueda sorprender la reflexión de los “activistas”. Data desde tiempos de la desmembración yugoslava. Entre banqueros y “cooperantes” empezaron a sembrar las semillas y cosechar los frutos de los intereses de sus tierras de origen, en desmedro del Estado al que fueron a “ayudar”. Sería bueno revisar, a la hora de ver el conflicto por el Tipnis, cuánto y cómo se movieron ciertos consultores y cooperantes junto a qué labores y en qué zonas realizan en Bolivia.  El fondo, entonces, es que está en juego la integridad y soberanía nacional, minada desde dentro por los excesos del gobierno (en el texto constitucional y los actos represivos) y de los indígenas (respaldados por la extrema derecha y los “conservacionistas” pagados por ONG extranjeras), que de la consulta previa pretenden imponer la ley prohibitiva a secas.El asunto merece, en consecuencia, la participación de todos los bolivianos para decidir el destino de nuestro país entre todos, dado que eso es lo que está verdaderamente en juego.