Bolivia: Entre la tierra y los territorios

Con el paradigma nacionalista, imperante desde 1952 y objetivizado en leyes como las de  Reforma Agraria, la Ley General de Colonización y, posteriormente, con la Ley General Forestal se buscaba (y se logró) que el Estado boliviano controle, siente soberanía y distribuya con justicia el acceso a la tierra por parte de los habitantes bolivianos, incluyendo el uso y disfrute ordenado de la riqueza forestal, con la finalidad de garantizar la soberanía alimentaria en el marco de la justicia distributiva de la tierra, garantizando que ésta no sea acumulada por unos pocos y sirva, a su vez, para para lograr grados efectivos de libertad e independencia.Pero un decreto promulgado el año 1990, un solo decreto, firmado por el entonces presidente Jaime Paz Zamora (muy conocido, especialmente en Tarija), le metió al asunto el conflictivo detonante “territorial”. Veámoslo. Es el Decreto Supremo Nº 22610, promulgado el 24 septiembre de 1990 y en dos de sus siete artículos textualmente dispone:“Artículo Primero.- Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo, denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure”.“Artículo Sexto.- Toda construcción y obras de desarrollo, particularmente, de vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, debe contar, previamente, con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, con la participación de la organización indígena de la región”. Ahí está la idea que luego se “constitucionalizó”, utilizando la vieja maña de dividir para reinar. De la demanda por tierra se pasó a la de territorio y, con ella, se resquebrajó el Estado nacional. La nueva Constitucion, prohijada por Evo Morales y sus ministros, logró el reconocimiento de las ahora ya célebres y artificiales “36 naciones originarias”. Y no vamos a ofender la inteligencia de nadie explicando a quiénes les sirve dividir a los Estados, como el procedimiento por excelencia para mantenerlos subordinados. Pero sí creemos importante tener claro qué es territorio y para eso apelamos a Hans Kelsen, jurista, político y filósofo del derecho, para quien territorio es el ámbito espacial de validez del orden jurídico. Uno de los componentes del Estado”. En conclusión: detrás  del “caso Tipnis” no está solamente una extensión de  tierra y quiénes la pueden ocupar y usufructuar, sino algo mucho más importante y determinante para la existencia misma del Estado boliviano: la territorialidad y el ejercicio pleno de la soberanía sobre ésta. Por de pronto, el Estado boliviano está impedido de construir una indispensable carretera que vincule a dos departamentos del país. Los vientos sembrados el año 1990 y abonados y regados con la nueva Constitución han generado tempestades y negros presagios. No deja de llamar la atención el hecho de que los protagonistas en los conflictos generados en estos días sean los ex y actuales oenegistas: unos desde el gobierno y otros en la marcha. Bolivia debe construir su retrasada articulación vial y debe hacerlo respetando la vida y la diversidad de culturas que conviven en ella, pero partiendo del hecho de que todos los que habitamos en nuestro territorio, como unidad inquebrantable, somos, en primer lugar, bolivianos.   La decisión de suspender la ejecución de esa vital obra vial ayuda a la pacificación del caldeado ambiente político que las organizaciones y actores antinacionales están aprovechando, pero no es la solución del problema de fondo, dado que se constituye en una derrota en el proceso de construcción del país. Corresponde ahora, con serenidad y humildad, volver a la senda de la construcción del Estado nacional en su único e indivisible territorio.