Discriminación funcionaria

Después de haber anunciado que medio millón de empleados públicos serán echado a la calle, el problema se ha agravado porque algunos burócratas privilegiados que aún quedan, se ensañan con aquellos otros que fueron dados de baja y que solicitan permisos y papeleo a fin de instalar sus propios negocios. Despedir a 500.000 empleados es una hazaña digna del más inhumano capitalismo. Muestra una vez más la incapacidad del régimen castro - comunista para gobernar una isla.A ese extremo llegan los regímenes autoritarios que concentran todos los instrumentos del poder en sus manos, incluso el económico. Es cierto que el bien común de una sociedad exige que el Estado asuma ciertas actividades, sean económicas, culturales o de otra índole. Pero en tanto esos sectores puedan ser debidamente cumplidos por los privados, el Estado deja de ser protagonista principal y se repliega al de regulador e impulsor. Pero cuando se pone a hacer de empresario, en competencia desleal con los particulares, rompe el justo equilibrio entre los dos platillos de la balanza. La consecuencia suele ser que la empresa estatizada se convierte en un mecanismo destinado a inflar inútilmente la burocracia partidista. Los nuevos empleados ya no se miden por su idoneidad, capacidad y eficiencia, sino por su lealtad política al partido. Por ahí se llega a la elefantiasis burocrática por las presiones dentro del partido – político - empleador. La burocracia “insensible y satisfecha”, ante los requerimientos del contribuyente obligado a pasar por trámites infinitos, inútiles, molestos y propensos a la corrupción. Y se llega a la discriminación. Repito ¡Discriminación! Por el contrario, lo normal es que, cualquier actividad privada que se respete, recluta a su gente por su nivel de excelencia y no por la fidelidad al partido de gobierno.Entre los muchos y variados recuerdos “burocráticos” que guardo en mi memoria, igual que podría decirlo mi amable lector, cito aquel que se implantó cuando todo viajero al exterior debía recabar un certificado de no estar arraigado. Creo que este requisito existe todavía. Pero en aquel tiempo, del que hablo, el trámite debía ser personal. Lo cumplí. Pero tuve que pasar por 12 oficinas y perder un día de trabajo productivo. Lo que significa, 12 funcionarios ocupados sólo en reclamar el documento de identidad, más un certificado de que ese documento era auténtico, más dos fotocopias de ese mismo documento firmado por el mismo portador, imprimir un sello, pegar una estampilla, estampar su firma, y no sé si me pidieron un certificado de vacuna contra la rabia canina. El resultado era incordiar al viajero. Y si era tiempo próximo a las elecciones, perder un votante a favor del candidato oficialista y entregárselo a la oposición. Por último, aunque pude empezar por ahí, el burocratismo politizado y elefantiásico descalifica, por retruque, a los buenos y eficaces profesionales que no tienen más remedio que prestar sus servicios a la mal comprendida - por mérito propio - Administración Pública.