Políticos y plátanos

Pero a la ciudadanía de a pie le costará acostumbrarse a las menciones y a las acciones de esa nueva función pública, porque, además, la denominación de Procurador no corresponde en todas partes a las mismas funciones.Se denomina Procurador General en diversos países de América Latina a un alto cargo del Ministerio o Departamento de Justicia que tiene atribuidas diversas competencias en relación con la defensa de los intereses públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos.El ámbito exacto de sus funciones varía de unos países a otros. En algunos casos es equivalente a la figura del Fiscal General en España, pero en otros coexiste con un Fiscal General y ejerce funciones más propias del Defensor del Pueblo o de un Abogado del Estado. Este último es el caso de Bolivia.Aquí, la Procuraduría General de Estado es una institución de derecho público presidida por un procurador o procuradora para la defensa de los intereses del Estado. Sus funciones principales son la defensa judicial y extrajudicial del Estado, en resguardo de la soberanía de sus bienes y patrimonio, y en particular en materia de inversiones, derechos humanos y medioambiente.Tenemos entendido que los procuradores deben actuar de oficio, es decir que no hacen falta denuncias previas. “Además, - decía el ministro Arce al comentar sobre el tema – el Procurador al interior del Estado tiene la función de hacer un seguimiento y controlar a todas las unidades jurídicas, para que nunca más sea un buen negocio hacerle un juicio al Estado y que muchos millones se paguen a particulares y malos funcionarios jurídicos”Así, suena muy bien. Porque se había ya hecho tradición que nunca, nadie, le ganara un pleito al Estado. Ni siquiera cuando las pruebas a favor de éste eran abundantes y contundentes.Ahora, con Procuraduría, con una ley vigente para investigación de fortunas y otra para investigar y sancionar incumplimiento o mal cumplimiento de responsabilidades en cargos públicos, la situación debería cambiar rotundamente.Para que asumir una función pública deje de ser una especie de patente de corso para enriquecerse rápido y con mínimo esfuerzo. Para que gobernar deje de ser sinónimo de favorecer a parientes y a allegados, suscribir contratos perniciosos para el Estado y para que, en síntesis, dejen los políticos de merecer esa comparación que el pueblo hace rato que la dice con sorna: ¿Los políticos? Son como los plátanos: No hay ni uno recto.Ojala que ahora, para ocupar las nuevas funciones de procuraduría, sean escogidas personas de reconocida probidad, honestidad y eficiencia, para que así, también, como efecto colateral nada despreciable “hacer política” sea nuevamente una función social digna y respetable.Y hasta motivo de justificado orgullo. Como debería ser.