¿Es o no es verdad? Acoso sin tregua

A Barrón le imputan el haber participado de la brutal humillación infligida por unos universitarios a un grupo de campesinos originarios, el 24 de mayo de 2008. El alcalde de Potosí, René Joaquino, fue acusado de haber comprado para su municipio unos vehículos usados. El Gobierno está dispuesto a destituirlos, meterlos en la cárcel y a poner en su lugar a militantes masistas. La reacción no se hizo esperar: los estudiantes de la Universidad de San Francisco Xavier se levantaron contra las órdenes del Gobierno. Y el pueblo de Potosí volvió a las calles en apoyo de su alcalde quien fue elegido por el 52 % de los votos en los últimos comicios municipales. Ni Barrón participó en los desmanes de algunos universitarios ni Joaquino compró chatarra a precio de vehículos nuevos. No obstante, la mal llamada justicia que obedece al Gobierno, está procesando a las autoridades municipales mencionadas, como si se tratara de peligrosos delincuentes.  La vergonzosa tarea empezó hace más de dos años con la destitución y encarcelamiento del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.  El acoso prosiguió contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío. Este último optó por defenderse atacando, y acusa a varias autoridades oficiales de estar preparando un complot para derrocarlo. Resulta pues más que chocante que, mientras el Gobierno acelera los procesos contra  Barrón y Joaquino, retarda hasta lo increíble el juicio que se le sigue a Leopoldo Fernández. Esta divergencia prueba que el “cambio” del que presume el Gobierno no ha producido la igualdad ante la ley, sino que agrava la desigualdad. A unos les acelera el proceso y a otro se lo retarda. Volviendo a Sucre, el proceso por el caso denominado la Calancha, que involucra al ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se ha estancado.Con esto, Sucre, que nunca fue plaza favorable a Evo Morales, justifica su repudio al Gobierno Plurinacional. Y Potosí que en agosto pasado le plantó cara al Gobierno central, refuerza sus motivos de enfado, luego de que ninguna autoridad gubernamental se dignó participar de los festejos departamentales de la semana pasada y, por añadidura, les escamoteó el aeropuerto que Potosí pidió, y se lo regalo a Oruro que dista, aproximadamente 229 Km del aeropuerto internacional de El Alto. La saga persecutoria no ha terminado. Aún falta completar el garrotazo contra el Prefecto del Beni, Ernesto Suárez. Y el alcalde paceño, Luis Revilla está en la mira.Pues bien, todo lo dicho ocurría cuando la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humano, Navanethem Pillay, presentaba al Gobierno el correspondiente informe sobre su visita. El informe no fue todo lo benigno que el Gobierno deseaba. Habría sido peor si se hubiese tenido en cuenta la política persecutoria de la que estoy dando una breve reseña. Con todo, Pillay pidió al gobierno no perseguir a los opositores políticos y no pisotear los derechos humanos.No he terminado. La visita del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, fue tan rutinaria como suele ser. Pero el Sr. Presidente no perdió esa oportunidad para disparar nuevos denuestos contra la Iglesia Católica. ¿Será porque compite con ella en su condición de guía espiritual de los pueblos ordinarios?