El PEU en el ojo de la tormenta

La Ley de Capitalización, también denunciada de inconstitucional y cuya aplicación derivó en una de las sangrías de riqueza más desastrosas de nuestra historia, no fue motivo para que alguna de esas autoridades ("servidores públicos", dice la ley) la cuestione ni amenacen con juicios a quienes la ejecutaron. El beneficio de esa gigantesca expoliacion fué a parar a pocas y muy poderosas cuanto extranjeras manos, a costa de los millones de bolivianos que sufrieron sus consecuencias.

La ley de Hidrocarburos No. 3058 de mayo de 2005, así como el Decreto nacionalizador No. 28701 de mayo de 2006 (ahora ya inaplicado), generaron un incremento sustancial de los ingresos por regalías e impuestos para Tarija. El Plan de Empleo Urgente (PEU) se financia, básicamente, con parte de esos recursos resultantes de la recuperación parcial de los excedentes hidrocarburíferos, y tiene como finalidad central paliar los efectos de la extrema pobreza y desempleo que azola a vastos sectores populares, generando fuentes de trabajo temporales para pagar salarios básicos a algunos miles de tarijeños pobres.

Una ley sancionada por la flamante Asamblea Departamental autonómica, presidida por una ex dirigente sindical campesina, ha activado nuevamente el PEU, no sin antes recibir una serie de presiones políticas tendientes a retrasarla. Sancionada, promulgada y publicada la ley, su cumplimiento es obligatorio.

Lo curioso del asunto es que, como lo señaló una dirigente sindical de las trabajadoras del PEU, dos "servidores públicos", cuyos sueldos mensuales oscilan entre los 8 mil y 14 mil bolivianos, se han propuesto, con diversos y rebuscados argumentos y gastadas amenazas de juicios penales, impedir la aplicación de esa ley y evitar, de esta forma, que miles de hombres y mujeres extremadamente pobres y que se encuentran sin fuentes de empleo, puedan subsistir al menos.

La ley del PEU, como lo establece la actual Constitución Política del Estado, goza de presunción de constitucionalidad y legalidad, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no diga lo contrario. Su cumplimiento es, en consecuencia, una obligación ineludible de las autoridades de la Gobernación.

Mas valdrá que ciertas autoridades se despojen de la excesiva soberbia que ya no la pueden disimular y, acercándose al pueblo, gobiernen efectivamente en su favor.