Luciana Campero afirma que retiró un recurso contra la elección de Mariaca por presiones de Alarcón

La exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero afirmó que retiró una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria para elegir al Fiscal General del Estado después de recibir garantías de dirigentes de su organización que Roger Mariaca no conseguiría los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa. En una columna publicada este martes, sostiene además que durante la votación de octubre de 2024 hubo presuntos pagos a legisladores y mecanismos para controlar el sentido de sus votos.

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El testimonio reabre interrogantes sobre las negociaciones políticas que precedieron a la elección de Mariaca, quien fue designado el 21 de octubre de 2024 con 115 votos de los 161 legisladores presentes, por encima de los dos tercios exigidos.

Campero relata que el 9 de octubre de ese año presentó en Sucre una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la ley de convocatoria. A su juicio, la norma vulneraba varios artículos de la Constitución y, si el recurso hubiera seguido su curso, la elección habría podido quedar anulada.

Según su versión, la presentación del recurso provocó llamadas de colegas que buscaban convencerla de retirarlo. Afirma que recibió presiones e incluso amenazas de perder su curul. Posteriormente, un dirigente de CC la habría contactado en nombre del entonces diputado Carlos Alarcón para transmitirle que Mariaca no tenía los votos suficientes.

“Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios”, reproduce Campero como parte de aquella conversación. La exlegisladora sostiene que confió en esa garantía y retiró la acción.

La columna no identifica al dirigente que, según ella, hizo de intermediario ni presenta documentación que permita comprobar las conversaciones descritas. Tampoco incluye una respuesta de Alarcón a estas afirmaciones.

La denuncia sobre los votos

Campero sostiene que el resultado final de la elección no reflejó el respaldo real que tenían los candidatos. En su relato, durante la segunda ronda dos supuestos operadores políticos, a quienes describe como diputados vinculados a la oposición, habrían coordinado pagos y utilizado bolígrafos de tinta borrable para facilitar que algunos legisladores mostraran un voto y emitieran otro.

De acuerdo con la secuencia que describe, los parlamentarios habrían marcado inicialmente a Milton Montellano, fotografiado la papeleta como comprobante y cambiado después su voto por Mariaca. La exdiputada afirma que los supuestos pagos se realizaban tras completar ese procedimiento.

Se trata de acusaciones graves que, en el texto publicado, no están acompañadas de nombres, registros de pagos, fotografías de papeletas ni otros elementos documentales que permitan corroborarlas de forma independiente. Campero tampoco precisa públicamente la identidad de los dos presuntos operadores.

El resultado oficial de la segunda votación fue de 115 votos para Mariaca y 33 para Montellano, según los registros y las crónicas de la elección.

La diferencia entre el resultado y las expectativas que, según Campero, circulaban en las bancadas constituye uno de los elementos centrales de su denuncia, pero por sí sola no demuestra que hubiera compra de votos.

Una elección cuestionada desde el inicio

La elección de Mariaca se produjo en una Asamblea fragmentada y en medio de disputas entre bloques políticos. En la primera ronda, ninguno de los postulantes alcanzó los dos tercios y la votación pasó a una segunda instancia entre los candidatos más respaldados.

El resultado final de Mariaca superó las previsiones de quienes esperaban una definición más ajustada y dio lugar a cuestionamientos sobre los acuerdos que permitieron reunir los votos necesarios. En su momento, distintas voces políticas plantearon dudas sobre la composición del respaldo parlamentario, aunque esas sospechas no equivalen a una prueba de compra de votos.

Campero vincula ahora ese desenlace con la decisión que atribuye a dirigentes de su propia organización de pedirle que retirara el recurso constitucional. También cuestiona que Carlos Alarcón, a quien relaciona con aquellas gestiones, haya exigido posteriormente la renuncia de Mariaca.

La exdiputada concluye que Bolivia debería conocer los nombres de quienes, según su versión, facilitaron la elección. Sin embargo, su publicación no revela esas identidades ni aporta evidencia documental que permita establecer responsabilidades individuales.

La denuncia plantea preguntas sobre las negociaciones previas a la designación del Fiscal General y sobre la eventual existencia de presiones para retirar una acción constitucional. Para determinar si hubo irregularidades, será necesario contrastar el relato con los involucrados y examinar posibles pruebas que respalden o refuten las acusaciones.