Entre dudas, Urioste nombra a Fiscales “antiguos” en distritos

En medio de las primeras dudas generadas por la actuación de los diferentes poderes alrededor del nombramiento del fiscal general Armando Urioste, este apostó por dar continuidad a las estructuras en las nueve Fiscalías Departamentales, nombrando como interinos principalmente a los de mayor antigüedad en el cargo y descartando “revoluciones” o fichajes estrella, como advirtió el propio vicepresidente Edmand Lara.

Las dudas

Entre los “reconocimientos” del Ejecutivo antes de ser nombrado y las revelaciones del propio fiscal general Armando Urioste, unido a los detalles opacos que llevaron a su elección la madrugada del 3 de octubre, el Ministerio Público, el presidente del Senado, Diego Ávila, apura ya la elección del Fiscal de acuerdo al procedimiento Constitucional.

El primer elemento que llamó la atención surgió de boca del propio interino, José Armando Urioste. En una entrevista con CNN reveló que, días antes de su designación, un empresario que anteriormente había sido su cliente le pidió su currículum porque estaba interesado en que se postulara al cargo. Urioste dijo que entregó la documentación y que presumiblemente el empresario la hizo llegar a algún diputado o senador. No se ha revelado el nombre del empresario, aunque hay varios cercanos al ejecutivo, como Robin Jofre o Miguel Rockhold, cuyo nombre fue sugerido por el vicepresidente Edmand Lara en uno de los audios interceptados entre el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y su esposa, María Elena Urquidi a cuenta de conversaciones por otros cargos en el ecosistema judicial.

El diputado díscolo de Libre, Edgar Zegarra, señaló ayer que fue el propio presidente de la Asamblea Diego Ávila quien presentó “el candidato de consenso”, aunque durante la semana otros vinculados a Libre como Tomás Monasterio o José Manuel Ormachea habían señalado que lograron promover un nombre alejado del masismo.

Por otro lado, Urioste está además casado con una pariente de Efraín Suárez, asesor de la máxima confianza de Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz que no pudo revalidar el cargo tras aliarse con Rodrigo Paz en marzo y que fue compensado con la estratégica embajada de Paraguay.

La Asamblea terminó eligiendo a Urioste en la madrugada del 3 de octubre, después de cinco votaciones fallidas y en una sesión en la que su nombre apareció cuando los anteriores postulantes no alcanzaron los votos necesarios. A las 3:00 de la madrugada su nombre no aparecía en la terna. A las 5:00 obtuvo 113 votos.

Urioste, tras sus revelaciones en CNN, niega que haya existido un acuerdo previo y afirmó que no cree que el empresario haya pagado para impulsar su candidatura. También dijo desconocer qué relación tenía esa persona con legisladores.

Más allá de los pagos o no, el vicepresidente Edmand Lara y muchos legisladores han cuestionado qué interés puede tener un empresario en nombrar un Fiscal Interino y en qué grado eso enturbia el nombramiento.

Lara pidió a Urioste transparentar el nombre del empresario y explicar las circunstancias de su llegada al cargo. También cuestionó que, si el fiscal general conoce denuncias sobre supuestos pagos para acceder a fiscalías departamentales, estas no sean investigadas.

Las señales de los departamentales

Por otro lado, en medio de las presiones y con un baile de nombres para elegir los fiscales departamentales, a quienes les había pedido poner el cargo a disposición y de los que solo Osvaldo Tejerina, fiscal de Cochabamba y considerado el más cercano a Evo Morales, había presentado su renuncia irrevocable.

La resolución publicada cita el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que, ante la destitución, renuncia, ausencia o impedimento de un fiscal departamental, la suplencia debe ser asumida por un fiscal de materia conforme a un orden de prelación basado en la antigüedad, y que es lo que en la mayoría de los casos se ha aplicado, incluyendo fiscalías delicadas como la de Santa Cruz, que ratifica el interinato de Mabel Sandra Andrade Molina, que asumió tras la caída de Zeballos, o la de Tarija, a la que vuelve a Miguel Ángel Tapia Paz, que ya asumió tras la “crisis” con Sandra Gutiérrez y su procedimiento contra Evo Morales. En Oruro, otro de los departamentos de fronteras calientes, vuelve Aldo Ángel Morales, que había sido interino con Roger Mariaca hasta hace un mes y medio.

Los nombrados son los siguientes: En Chuquisaca Carmen Rosa Encinas; en La Paz Yolanda Tania Alfaro Castellón; en Cochabamba Casilda García Rocha; en Santa Cruz Mabel Sandra Andrade Molina; en Potosí; Pablo Daniel Manrique Videla; en Oruro Aldo Ángel Morales Alconini; en Tarija Miguel Ángel Tapia Paz; en Beni Olga Lidia Julio Córdova y en Pando, Patricia Tania Romero Sardán.

De momento son nombramientos interinos, aunque el del mismo Urioste lo es, ya que la Asamblea debería designar nuevo fiscal general según procedimiento en 90 días. En cualquier caso, Urioste está facultado para sustituirlos y nombrar también Fiscales Superiores que atiendan casos especiales y asistan al fiscal general.

Uno de los nombres que adquirió mayor notoriedad en las últimas horas era el del abogado Martín Camacho, conocido por su defensa de Luis Fernando Camacho. Camacho confirmó que conocía los rumores sobre una eventual designación, que ya no será para Santa Cruz.

“Estoy a la espera de lo que pueda decidir el nuevo fiscal general”, declaró. También señaló que había conversado días atrás con Urioste, aunque aseguró que hablaron de otros asuntos y no precisó si discutieron una posible designación.

Su nombre no aparece ahora por primera vez en una disputa relacionada con el Gobierno. En noviembre de 2025, el vicepresidente Lara acusó a supuestos grupos de poder cruceños de intentar desplazar al entonces ministro de Justicia Freddy Vidovic para colocar a Martín Camacho en ese despacho. Lara dijo entonces que tenía pruebas y señaló directamente al abogado. Camacho negó tener interés en asumir el Ministerio de Justicia y afirmó que no aspiraba a volver a la función pública.

Gobierno persiste

Por otro lado, el nuevo viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, que ya operaba determinados temas en el ministerio de Gobierno, afirmó que Roger Mariaca tenía una estructura de poder que incluía diputados y senadores, jueces y policías. Llegó a calificarlo de “narcofiscal” y sostuvo que existía una “bancada” que lo defendía y que habría recibido financiamiento del exfiscal.

Maldonado también aseguró que esa supuesta estructura habría tenido vínculos con empresarios, desarrolladores inmobiliarios, administradores de propiedades y personas dedicadas al lavado de dinero.

El viceministro no identificó a los legisladores que supuestamente integraban esa bancada ni presentó públicamente pruebas sobre los pagos que, según afirmó, recibían. Dijo que existen nombres dentro de la investigación, pero que no sería prudente revelarlos todavía.