Teleférico niega subsidio y rebate cifras de Aguirre

El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, negó que Mi Teleférico reciba una subvención estatal y pidió verificar las cifras utilizadas por la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, sobre el financiamiento del sistema.

Aguirre afirmó que Mi Teleférico demanda Bs 2.100 millones anuales de recursos públicos y sostuvo que, si el pasaje cubriera su costo, debería subir de Bs 3 a Bs 6. También señaló que Santa Cruz aporta la mayor parte de los recursos tributarios del país – algo que también se ha cuestionado desde otros foros -. Camacho respondió que esas cifras deben contrastarse con la información financiera de la empresa.

El director de la OFEP aseguró que Mi Teleférico cerró la pasada gestión con una utilidad de Bs 10 millones y que cumple con el pago de sus créditos. Explicó que uno de los impactos financieros es la depreciación derivada de la inversión inicial, pero diferenció ese efecto contable de una subvención.

La discusión recupera un debate sobre el modelo con el que se financió el transporte por cable y las diferencias de inversión pública en La Paz respecto a otros departamentos del país. Las primeras líneas fueron impulsadas como inversión pública de gran escala para resolver problemas de movilidad en La Paz y El Alto, y luego se amplió hasta conformar una red. Por eso, advierten, el monto invertido en infraestructura no puede confundirse automáticamente con el costo anual de operación.

CAF señala que la inversión boliviana en teleféricos redujo tiempos de traslado y favoreció el uso del transporte público. Camacho indicó que se estudian medidas para mejorar la eficiencia, como pagos mediante QR y revisión de horarios y tarifas y una reducción de personal que podría alcanzar al 25%.

Aguirre aclaró que cuestiona el esquema de financiamiento y no el servicio ni a sus usuarios. El fondo del debate es cuánto cuesta sostener el sistema, cuánto genera por tarifas y otros ingresos, qué parte corresponde a depreciación y deudas y qué recursos recibe efectivamente del Estado. Por ello, Aguirre sostuvo que para evitar una disputa de cifras, corresponde transparentar estados financieros y datos auditables, públicos y verificables que permitan distinguir inversión, gasto, deuda y subvención.