Ejército aclara que prófugo del caso Cerimedo ya no es militar: se retiró en mayo

El Comando General del Ejército aclaró que Fritz Juniors Gironda Aquize, señalado por la Fiscalía como prófugo en la investigación por legitimación de ganancias ilícitas vinculada al caso Fernando Cerimedo, ya no pertenece a la institución castrense y no ejerce ninguna función ni representación oficial.

El Comando General del Ejército de Bolivia emitió un comunicado para aclarar la situación de Fritz Juniors Gironda Aquize, luego de que su nombre fuera relacionado con la investigación por legitimación de ganancias ilícitas que involucra al asesor argentino Fernando Cerimedo.

La institución militar informó que Gironda Aquize prestó servicios en el Ejército con el grado de teniente de Infantería, pero posteriormente presentó de manera voluntaria su solicitud de retiro.

Según el comunicado, la solicitud fue considerada y aprobada por el Tribunal del Personal del Ejército en mayo de 2026, por lo que actualmente ya no forma parte de la institución.

“No pertenece actualmente al Ejército de Bolivia y no ejerce ninguna función, autoridad ni representación institucional”, señala el documento difundido por el Comando General.

La institución también marcó distancia respecto a cualquier actuación que se le atribuya después de su retiro. “Cualquier actuación que se le atribuya con posterioridad a su retiro es de carácter estrictamente personal y no representa ni compromete al Ejército de Bolivia”, precisa el comunicado.

¿Por qué es buscado?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, Gironda Aquize es señalado como representante legal de una casa de cambio ubicada en Calacoto, en el sur de La Paz, que fue allanada en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Cerimedo.

Durante el operativo, el hombre habría huido del lugar llevando consigo alrededor de 700.000 dólares, según la versión de la Fiscalía, por lo que es considerado prófugo dentro de la investigación.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, que buscan establecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

El Ejército, por su parte, remarcó que serán las instancias jurisdiccionales y de investigación correspondientes las que determinen los acontecimientos y establezcan, conforme a ley, las responsabilidades que pudieran existir, respetando el debido proceso.

Finalmente, el Comando General reafirmó su respeto a la Constitución Política del Estado, las leyes y las instituciones encargadas de administrar justicia, y aseguró que colaborará con las autoridades competentes cuando sea legalmente requerido para contribuir al esclarecimiento de los hechos.