El Gobierno da paso al diálogo, la COB plantea 8 ejes para pacificar el país

La Central Obrera Boliviana (COB) presentó este martes su “conminatoria y planteamiento pacificación y recuperación del país”, compuesta por ocho ejes temáticos, entre los que destaca el compromiso de no privatizar empresas públicas estratégicas, la suspensión de normas que restrinjan las protestas sociales y la adopción de medidas económicas y sociales orientadas a proteger a la población.

El planteamiento fue dirigido al presidente Rodrigo Paz y exige una respuesta inmediata del mandatario. La carta fue recibida por la funcionaria de la presidencia, Gilda Céspedes.

Mediante la nota, se solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y de la no judicialización de las protestas.

Según el documento, la agenda debe desarrollarse bajo mecanismos de seguimiento público, con plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles.

El texto no incluye el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, que era la petición de los sectores bloqueadores en el actual conflicto que atraviesa el país. 

El primer eje está referido a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación. La COB plantea el rechazo a la criminalización de la protesta, la suspensión y archivo definitivo de proyectos normativos considerados restrictivos para la movilización social, el cese de la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas, así como la liberación y revisión de casos de personas detenidas durante conflictos. También demanda acciones inmediatas contra actos de racismo y discriminación.

El segundo punto aborda el cumplimiento de compromisos y el control social. La organización exige que el Gobierno cumpla las promesas electorales y propone la aprobación de una ley que obligue a autoridades nacionales, departamentales y municipales a rendir cuentas sobre sus compromisos de campaña.

En materia económica, el tercer eje plantea garantizar que no se impulsarán privatizaciones, capitalizaciones, concesiones encubiertas ni transferencias de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros.

Además, rechaza la contratación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), exige transparencia sobre eventuales acuerdos con organismos financieros internacionales y propone acelerar una distribución de recursos bajo un esquema de 50% para el nivel central y 50% para gobernaciones y alcaldías.

La propuesta también incluye demandas de transparencia e investigación. En ese marco, solicita el alejamiento del ciudadano argentino Fernando Cerimedo de cualquier función de asesoramiento o toma de decisiones en el Gobierno y pide una investigación sobre su presunta influencia en contrataciones y designaciones. Asimismo, plantea la conformación de una comisión legislativa especial para investigar los casos denominados "narcomaderas" y "narcomaletas".

El quinto eje se refiere a la política de hidrocarburos. La COB exige que no se incrementen los precios de los combustibles de consumo nacional y demanda resarcimientos para los afectados por la distribución de gasolina desestabilizada o combustibles adulterados, junto con una auditoría técnica independiente.

En el ámbito legislativo, el documento establece la consulta previa obligatoria a organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originarios campesinos antes de la aprobación de leyes, decretos o medidas macroeconómicas que los afecten.

Respecto a la canasta familiar, los derechos laborales y la seguridad social, la COB plantea medidas para contener la especulación y el alza de precios, preservar el salario real y garantizar el empleo estable.

También propone la creación de un fondo soberano que permita una jubilación equivalente al 100% del ingreso para todos los sectores laborales del país.

Finalmente, el octavo eje aborda temas ambientales e internacionales. La organización demanda que los parques nacionales y áreas protegidas no sean destinados a actividades extractivas y pide que la política exterior boliviana mantenga una orientación pacifista y acorde con la Constitución.

En su declaración final, la COB sostiene que la paz social en Bolivia solo podrá alcanzarse mediante la atención de las demandas planteadas, el diálogo con los actores que considera legítimos y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la población.

Campesinos

Por su parte, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y otras organizaciones sociales del país condicionaron la apertura de un diálogo al cumplimiento de cinco demandas consideradas urgentes para enfrentar la crisis económica y social.

Dentro de las demandas se encuentran:

1. La creación inmediata de una Comisión de Revisión del Combustible que verifique, en los puntos fronterizos, la calidad de los carburantes antes del ingreso y distribución en el país.

2. La regulación temporal de obligaciones financieras por seis meses

3. La abrogación de decretos supremos que consideran “inconstitucionales”

4. Decreto de Amnistía presidencial y restitución total de garantías

5. Abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de excepción.

Los campesinos señalan que estas cinco demandas no están sujetas a ninguna modificación parcial.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno fijó para este miércoles, a las 9.00, el encuentro de diálogo con la COB, sin condicionamientos. Según anticipó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, las negociaciones se centrarán en demandas sociales.

“Los esperamos este miércoles a las 09.00 en la Casa Grande del Pueblo para iniciar esta mesa de diálogo, de concertación y de construcción de soluciones en base a la realidad que vivimos”, expresó Gálvez en conferencia de prensa.

“Queremos tomarle las palabras literalmente que ha dicho el señor Argollo, que su solicitud es para una pacificación inmediata, para resolver los problemas de manera inmediata. Por eso, le pedimos que, de manera inmediata, instruya que se creen las condiciones para atender la emergencia sanitaria que han provocado”, subrayó Gálvez.

El vocero contempló que no hay nada para justificar que el pueblo boliviano esté de rehén, que los choferes estén sufriendo en condiciones inhumanas en medio del camino, la falta de oxígeno en los hospitales o que los enfermos de cáncer no puedan recibir su tratamiento oportuno.

“En la mesa de diálogo también tenemos muchas cosas que decir. Hablaremos de todos los puntos, de manera abierta, pero tenemos que también crear las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto no puede volver a suceder en democracia”, resaltó.