Advierten deterioro de la institucionalidad democrática

Un mes de bloqueos, vulneración de derechos fundamentales y asfixia económica marcan la crisis política en Bolivia. En este contexto, expertos coinciden en que las restricciones impuestas por los movilizados y la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz transgreden la institucionalidad democrática, ya profundamente debilitada en los últimos años.

Varios analistas lamentan que se busque deponer al mandatario por la fuerza

En un análisis político y legal de los hechos, los especialistas identifican dos caminos pacíficos para la solución del conflicto: en lo inmediato, un diálogo sin condiciones, y a mediano plazo, la revocatoria de mandato por la vía constitucional. Tampoco descartan que el jefe de Estado pudiera recurrir —en uso de sus facultades— al estado de excepción, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales.

¿Cuáles son las señales más preocupantes del deterioro del sistema democrático? En criterio del constitucionalista José Antonio Rivera: la exigencia ilegítima de la renuncia de Paz.

“El gobierno presidido por Rodrigo Paz es democrático, constituido sobre la base del voto de la ciudadanía. Un Estado de derecho no se puede regir por la pretensión de un grupo de personas que se arroga la representación de todo un país. La Constitución prevé el mecanismo para la elección de los gobernantes, define claramente el periodo de mandato, establece los sistemas de fiscalización al poder y, dado que la democracia es participativa, también prevé los mecanismos para la revocatoria de mandato en los tiempos que corresponda”, arguye.

En esa misma línea, de acuerdo con la cientista política María Teresa Zegada, la institucionalidad de un país no solo se mide por la capacidad de las autoridades de ejercer sus funciones, sino también por el respeto a la normativa vigente.

“Aquí hay muchísimos factores para el análisis. Los bloqueos y la forma en que están actuando los manifestantes, vulnerando los derechos de otras personas, son un signo de desinstitucionalización. Y ni qué decir de la demanda de renuncia del presidente, algo que está fuera de los marcos de la Constitución”, sostiene.

Al observar que una parte de la ciudadanía decide asumir acciones de hecho sin considerar recursos alternos, el experto en Derechos Humanos Ramiro Orias también advierte del debilitamiento de la institucionalidad democrática.

“La crisis de estas cuatro semanas se ha venido gestionando a partir de medidas de hecho, algunas de ellas muy violentas, por parte de los grupos de protesta. No se han activado seriamente los mecanismos democráticos para la búsqueda de una solución pacífica. El derecho a la protesta es legítimo y expresar una postura (como el pedido de renuncia del jefe de Estado) también lo es, pero los mecanismos utilizados deben ser lícitos”, afirma Orias.

Lamenta que se busque deponer al mandatario por la fuerza y cuestiona el ejercicio no pacífico del derecho a la protesta. Sin embargo, también llama la atención sobre la actitud “bastante pasiva y poco proactiva” del Gobierno en generar procesos más intensos de diálogo y de control del territorio nacional desde el inicio del conflicto.