Los casos que trabajó el magistrado asesinado en Bolivia

Víctor Hugo Claure fue asesinado cuando terminaba el último día de abril. Era magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia y tenía un rol activo en la institución. Entre sus últimos casos, firmó resoluciones contra la minería ilegal, incendios forestales y los avasallamientos o invasiones de tierras. Además, impulsó la pausa ecológica y la protección del jaguar. El proceso de investigación sobre su homicidio ingresó en una etapa de reserva y ya hay cuatro detenidos. La hipótesis central del asesinato sigue girando en torno al conflicto por tierras.

Claure fue interceptado cerca de la medianoche del 30 de abril por dos hombres en una motocicleta en un barrio residencial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Uno de los atacantes bajó del vehículo y le disparó. Luego, huyó con su cómplice, según quedó registrado en cámaras de seguridad. De acuerdo con la investigación, otros dos hombres motorizados iban en una segunda motocicleta y una vagoneta que estaba haciendo el seguimiento al magistrado.

El informe forense confirmó que Claure recibió cuatro impactos de bala que le provocaron un shock hipovolémico. Según la Policía Boliviana, la mecánica del hecho –ataque directo y fuga inmediata– coincide con patrones de sicariato, un elemento que intensificó la preocupación de autoridades e instituciones.

“El hecho está más relacionado con el tipo de trabajo que el magistrado [Claure] hacía. Es importantísimo revisar los fallos que firmó, las líneas que él estaba teniendo, principalmente sobre temas ambientales, como la tierra, bonos de carbono; es decir, no creo que sea un tema de narcotráfico, sino que es un tema más vinculado a algunas decisiones que él ha tomado de acuerdo al cargo que ejercía”, explicó a Mongabay Latam Gabriela Reyes, criminóloga boliviana.

Claure firmó en diciembre de 2025 el fallo que ordena suspender la minería ilegal en el río Madre de Dios, al cual reconoció como sujeto colectivo de derechos. Además, señaló directamente al extinto Ministerio de Medio Ambiente y Agua y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como responsables de supuestamente encubrir la crítica situación que atraviesa esta zona de la Amazonía boliviana debido a la intensificación de mineros ilegales y posible contaminación y deforestación.

Incluso, Claure fue parte de la inspección que realizó el Tribunal Agroambiental al río Madre de Dios, donde se comprobó la presencia de balsas de mineros que operan fuera norma para extraer oro del cuerpo de agua.

Sobre las resoluciones por conflicto de tierras, Claure firmó documentos contra los avasallamientos o invasiones de tierras, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. En esas decisiones se establece el respeto a la propiedad privada y a las tierras fiscales. Al respecto, el comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel David Gómez, insistió en que la hipótesis central del asesinato gira en torno a las decisiones del juez sobre el conflicto de tierras.

El jefe policial evitó mayores conclusiones o vincular los hechos violentos con organizaciones criminales o la reestructuración del narcotráfico en esta zona del país tras la captura de Sebastián Marset, narco uruguayo que fue capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo y luego extraditado a Estados Unidos.

“Todo el mundo está relacionando todo y no es así. Uno piensa que todo está relacionado y es una obra del delito organizado, pero a veces son circunstancias distintas”, agregó Gómez. En Santa Cruz de la Sierra se vive una ola de asesinatos bajo la modalidad de sicariato: en los últimos diez días hubo ocho fallecidos, la mayoría vinculados a temas de narcotráfico, según medios bolivianos.

En Bolivia, el conflicto por tierras escaló de manera progresiva cobrando algunas muertes. Existen casos donde avasalladores (invasores) se adueñan de predios privados o fiscales.