Denuncian a la Policía por avasallamiento en Santa Cruz

La Policía Boliviana enfrenta una grave denuncia por presunto avasallamiento y falsificación documental, tras ocupar durante 25 años un predio ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz, cuyo derecho propietario fue reconocido en reiteradas ocasiones por la justicia a favor de Teresa Triviño Bazán, una adulta mayor de 72 años.

El memorial elevado ante el Senado identifica a varios jefes policiales y asesores jurídicos implicados

Según la denuncia presentada ante el Senado, el Ministerio de Gobierno y otras instancias de control, la unidad UPAR-DELTA de la Policía Departamental de Santa Cruz se asentó ilegalmente sobre aproximadamente 26.000 metros cuadrados del predio “Villa Praga” para instalar una unidad de Policía Montada.

Con el objetivo de consolidar la ocupación, en 2018 la institución policial firmó un convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para ejecutar, mediante el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, el proyecto “Centro Deportivo Policial del Departamento de Santa Cruz”, previsto sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados y con una inversión de Bs 8 millones.

De acuerdo con la denuncia, durante ese proceso la Policía recurrió a terceras personas para sostener el avasallamiento del terreno, ubicado en el denominado “triángulo de oro”, una de las zonas inmobiliarias y comerciales más cotizadas de la capital cruceña. Uno de ellos, Félix José Moreno Antelo, identificado como supuesto “palo blanco”, fue condenado con sentencia ejecutoriada a tres años de cárcel por el delito de despojo.

En realidad, el verdadero objetivo era urbanizar parte del predio, distribuir lotes entre un selecto grupo de policías y utilizar el centro deportivo como espacio exclusivo de una urbanización privada. Sin embargo, el proyecto no prosperó y la denominada “Policía Montada” terminó reducida a un corral de caballería.

Distintas resoluciones y peritajes técnicos consolidaron el derecho propietario de la señora Triviño Bazán, estableciendo además que la ocupación policial carecía de respaldo legal y ordenando la restitución del inmueble, decisiones que la Policía nunca cumplió y se dedicó a “chicanear” otorgando poder a terceros.

Ante la denuncia de la parte afectada, la Unidad de Transparencia del Ministerio de la Presidencia abrió una investigación vía UPRE y concluyó que la Policía no contaba con derecho propietario saneado ni consolidado sobre el predio.

En una nota oficial dirigida el 5 de noviembre de 2019 al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la UPRE informó de la resolución del convenio y la cancelación del financiamiento para la “Construcción Centro Deportivo Policial del Departamento de Santa Cruz”.  Hasta ese momento, la obra ya había gastado 2 millones de bolivianos y quedó paralizada sin que nadie asumiera responsabilidad.

La Policía Boliviana afirma que el coronel Carlos Fernández Gonzales compró el 15 de julio de 1990 un lote de 13.427,66 metros cuadrados por un valor de Bs 2.000 a Braulio Soto Moreno, supuesto propietario del fundo rústico “El Algarrobal”.

El memorial elevado ante el Senado identifica a varios jefes policiales y asesores jurídicos implicados en la detentación ilegal.