La CEPB rechaza el pedido de aumento de la COB

Mediante un comunicado publicado este lunes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha expresado su rechazo a la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 20% al haber básico, adicional al aumento ya dispuesto al salario mínimo nacional.

La entidad argumentó que el artículo 21 del Decreto Supremo 5516 establece la negociación del salario entre empleadores y trabajadores, de manera individual o colectiva, como expresión de la autonomía de la voluntad.

“Por lo tanto, cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico es considerado incongruente, ilegal e inaceptable”, reseña el comunicado.

La institución empresarial remarcó que “las normas nacionales e internacionales solo establecen únicamente la posibilidad de que el Gobierno determine el salario mínimo nacional”.

“Esta medida ya fue implementada por el decreto señalado que lo incrementó en 20% y, pese a su desproporción, imposición unilateral y grave afectación a la economía de las empresas, está siendo cumplido por todos los sectores”, señala el comunicado.

La CEPB destacó además que los parámetros para garantizar la libre negociación entre trabajadores y empleadores respecto al haber básico están establecidos en el DS 5516 y no solo deben respetar los derechos de los trabajadores, sino además deben considerar la situación económica del sector privado.

“Estos acuerdos van a respetar los derechos de los trabajadores, sin embargo, también deben considerar la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias entre sectores y regiones, la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y la capacidad y posibilidades reales de sostener un incremento sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas”, señaló.

La institución empresarial además advirtió que “en el actual contexto económico, caracterizado por serias restricciones y desafíos, la imposición de un nuevo incremento generalizado conlleva efectos significativos como cierre de unidades productivas, especialmente medianas y pequeñas, pérdida de empleos; reducción de nuevas contrataciones; presiones inflacionarias y, en consecuencia, una disminución del poder adquisitivo de la población”.

“Pero, sobre todo, afecta los esfuerzos para reactivar nuestra economía y retomar una senda de crecimiento sostenible”, señaló.