El ‘Estado tranca’ traba a jóvenes emprendedores

Gabriel Luna tiene 26 años, es ingeniero comercial y, como muchos jóvenes, decidió apostar por un sueño propio: abrir una oficina de asesoramiento e importaciones. Tres meses después del cambio de gobierno y pese a la promesa presidencial de acabar con el “Estado tranca”, su entusiasmo terminó chocando con una realidad espesa, hecha de papeles, filas y requisitos que siguen intactos en al menos cuatro oficinas públicas.

El joven emprendedor comprobó en carne propia que la tramitología continúa vigente en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Alcaldía de La Paz y el Ministerio de Trabajo, donde —relata— aún no ha llegado el mensaje de simplificación anunciado en campaña por el presidente Rodrigo Paz. Su nombre es convencional y fue modificado a pedido del entrevistado.

El primer escollo fue el SEPREC. Para obtener una matrícula de comercio, debió acreditar la reserva legal del nombre de su empresa, presentar un balance de apertura, detallar sus activos fijos y esperar entre tres y cuatro días para completar el trámite. El balance implica declarar ante una contadora el valor de cada bien: desde la computadora hasta el cenicero del escritorio. Todo debe ser contabilizado como capital invertido, incluso para prever una eventual quiebra.

Con ese paso concluido, la ruta burocrática lo llevó al Servicio de Impuestos Nacionales para tramitar el Número de Identificación Tributaria (NIT), presentando previamente la matrícula del SEPREC. Allí, además de definir el rubro de actividad para la asignación de una categoría impositiva, debió presentar su cédula de identidad, información del domicilio tributario y comercial, croquis de ambos domicilios y facturas de luz. Para un emprendedor que recién empieza, contar con un domicilio comercial fijo es casi una misión imposible, relató.

A ello se suma una advertencia nueva: en caso de vender alguno de los bienes declarados en el balance de apertura, el contribuyente debe reportar la operación ante Impuestos Nacionales, presentando la factura de venta y un formulario específico que declare la baja del activo, ya sea por venta o por desuso.

La tercera parada fue la Alcaldía Municipal de La Paz para tramitar una licencia de funcionamiento. El trámite incluye una nota dirigida a la Unidad de Actividades Económicas, registro ciudadano y acceso a la plataforma iGob 24/7, fotografías de los elementos de identificación de la actividad económica (VIAE), imágenes del frontis del inmueble con las medidas correspondientes en metros y la acreditación del NIT.

La peregrinación no terminó ahí. Aunque no tenga empleados, Gabriel todavía debe acudir a la ventanilla digital del Ministerio de Trabajo para obtener el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE). El incumplimiento conlleva una multa de Bs 1.000, de acuerdo con el Decreto Supremo 3433 del 13 de diciembre de 2017.

A estos requisitos se suman otras obligaciones administrativas. El emprendedor debe acreditar una cuenta ante la Gestora Pública de la Seguridad Social y, en caso de proyectar contratos con el Estado, abrir una cuenta bancaria específica y tramitar el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), además de habilitarse en los sistemas SIGMA y presentar una declaración jurada ante la Contraloría General del Estado que certifique no tener deudas pendientes ni sentencias ejecutoriadas.

Recién después de cumplir todos estos pasos, un emprendedor puede empezar a operar legalmente en Bolivia. Para entonces, ya han pasado al menos dos semanas. El joven que planeaba iniciar actividades en enero terminó frustrado, esperando que la prometida eliminación del “Estado tranca” deje de ser un anuncio y se convierta en realidad este mes de febrero.