Declaran rebelde a Rafael Arce y ordenan su aprehensión por enriquecimiento ilícito

La Justicia declaró rebelde a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares programada este jueves dentro de un proceso penal por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

La autoridad judicial dispuso la emisión de una orden de aprehensión, además de medidas como el arraigo, la designación de un abogado de oficio y la activación de mecanismos para dar con su paradero.

El fiscal Miguel Cardozo informó que Arce Mosqueira no presentó ningún justificativo válido para explicar su inasistencia a la audiencia y que, hasta el momento, no se logró establecer su ubicación. “No se tiene ningún registro de que haya tenido una fuente laboral u otra empresa donde genere estos recursos”, señaló el fiscal, al referirse a los movimientos económicos detectados en la investigación.

Cardozo precisó además que el investigado cuenta con una alerta migratoria desde octubre, y advirtió que, en caso de haber salido del país, lo habría hecho de manera irregular.

Por su parte, el abogado de la parte denunciante, Ramiro Martan, confirmó que la resolución judicial 22/2026 declaró formalmente la rebeldía de Arce Mosqueira. “Se ha emitido el mandamiento de aprehensión y se han activado las medidas correspondientes ante la incomparecencia del imputado”, indicó.

Martan agregó que el imputado presentó un memorial a través de su padre, en el que señalaba no vivir en el domicilio declarado, situación que —según afirmó— fue interpretada como una acción de obstaculización del proceso.

Rafael Ernesto Arce Mosqueira es investigado por la presunta compra de predios productivos, bienes inmuebles y vehículos de alta gama, además de movimientos económicos millonarios que, según la Fiscalía, no guardan relación con su perfil económico.

Paralelamente, enfrenta otra investigación penal en Santa Cruz, vinculada a la presunta compra irregular de un predio productivo, donde habría sido beneficiado con trámites administrativos irregulares.

Con la declaratoria de rebeldía, el Ministerio Público podrá activar nuevas medidas de búsqueda y avanzar en el proceso penal, en el que anteriormente se solicitó seis meses de detención preventiva y la activación del sello rojo.