Gobierno perfila 10 años de cárcel por contrabando de GLP y fin de B-SISA

En el marco de la socialización de los decretos 5516 y 5518 realizada en el Paraninfo de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para endurecer drásticamente las penas contra el contrabando de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La norma establecerá una sanción de 10 años de privación de libertad para quienes trafiquen con este carburante, cuyo precio subvencionado se mantendrá invariable para resguardar la economía popular.

La autoridad explicó que, tras los recientes ajustes y controles en los combustibles líquidos, las redes delictivas migraron su “modelo de negocio” hacia el GLP. Medinaceli admitió que es inviable aplicar una solución de mercado elevando el costo de la garrafa –fijado en Bs 22,50–, puesto que su precio real sin subvención superaría los Bs 100, lo cual golpearía a los hogares y pequeños comercios. Por ello, la estrategia se volcará hacia lo punitivo y la implementación de tecnología de rastreo, como chips en las garrafas.

Según su diagnóstico, el desvío de diésel hacia actividades ilícitas llegaba al 50% de lo importado, lo que representaba una pérdida diaria de 3 millones de dólares para el Estado. En este contexto, el Ministro cuestionó la efectividad de los actuales controles y criticó el sistema B-SISA, consultado sobre si el Gobierno planea eliminarla.

“Ese instrumento nació con una quizás buena intención, pero ha sido fuente de corrupción total (...) El B-SISA entendemos que no funciona, y también se eliminaron las tarjetas de consumo (...) Estamos evaluando si continúa o no, porque francamente estamos desmontando un Estado-tranca”, afirmó Medinaceli.

Con relación a los beneficios del fin de la subvención para Chuquisaca, la autoridad aclaró que la nueva política difiere del ajuste de 2010, pues ahora se incrementan los márgenes y el precio del petróleo a boca de pozo. Esto elevará automáticamente la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías del 11%, inyectando recursos frescos a los departamentos productores, lo que beneficiará no solo a estos últimos, sino a los municpios y universidades. Asimismo, planteó un régimen fiscal diferenciado, o “traje a la medida”, para incentivar la exploración de hidrocarburos en campos maduros del departamento.

Finalmente, consultado sobre si el Gobierno tiene planeado refinar crudo en el país para bajar la dependencia de combustibles, dijo que Bolivia dejará de priorizar la importación de productos terminados para comprar crudo y procesarlo en el país, con el objetivo de reactivar las refinerías nacionales que hoy operan apenas al 25% de su capacidad./ Correo del Sur