“Bolivia No Se Vende”, la marcha convocada contra el Decreto 5503

La Central Obrera Boliviana (COB) ha convocado a una marcha denominada “Bolivia No Se Vende”, que se desarrollará desde el sábado 3 de enero con concentración en la localidad de Calamarca, en la carretera La Paz-Oruro. El ejecutivo de los fabriles, Mario Segundo Quispe, dijo que el objetivo es radicalizar las medidas, para que el Gobierno abrogue el Decreto.

De todas maneras, confirmó que la organización que representa al sector obrero asistirá al diálogo convocado por el Gobierno para el lunes 5 de enero. Hasta entonces, mantiene las movilizaciones con marchas de protesta.

En contacto con ERBOL, el ejecutivo de los fabriles, Mario Segundo Quispe, confirmó la convocatoria y dijo que el objetivo es radicalizar las medidas, para que el Gobierno abrogue el Decreto.

El dirigente fabril señaló que la intención de la marcha sería llegar a La Paz para el diálogo, pero aclaró que la consigna de las federaciones es paralizar el país entre lunes y martes.

Ratificó que la posición de la COB es la abrogación del Decreto 5503, porque lo considera peor que el 21060. Sostuvo que el gobierno es de grandes millonarios y no para los humildes.

Recursos naturales

Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, negó las versiones que el Decreto Supremo 5503 implique la entrega de recursos naturales o haya sido una orden del Fondo Monetario Internacional (FMI), como afirman los sectores políticos y sociales que rechazan la norma.

Según Espinoza, la versión de que se están entregando los recursos “es una narrativa política que están tratando de imponer aquellos que se beneficiaron con la entrega de los recursos naturales en el pasado”.

Dijo que quienes quieren imponer esa narrativa son los que “firmaban contratos secretos en la Asamblea, beneficiando a chinos, rusos y otros países amigos del régimen”.

Aseveró que ahora el Gobierno implementa “un mecanismo que permite la llegada de inversión, pero transparente y de acuerdo a las normas bolivianas”.

El ministro se pronunció y aclaró algunos puntos que generaron controversia.

En ese marco, también explicó el mecanismo de fast track, que el decreto establece para la aprobación expedita de proyectos de inversión, pero que fue criticada como una concesión para empresas interesadas en los recursos bolivianos.