Defensoría del Pueblo insta la creación una ley que regule las vulneraciones a los derechos laborales

En ocasión al Día Internacional de Trabajo, la Defensoría del Pueblo instó este jueves a que el Estado boliviano deba extremar sus esfuerzos para la creación de una ley que regule las vulneraciones a derechos laborales.

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Entre los casos más significativos se encuentran relacionados al salario justo, inamovilidad y estabilidad laboral, el pago de beneficios sociales y denuncias por acoso laboral, detalla un pronunciamiento.

“Se pide a todos los niveles del Estado unifiquen esfuerzos para que los derechos laborales y el acceso a procedimientos sean prontos, oportunos y transparentes, a fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de todas y todos los trabajadores”, señala el documento.

De acuerdo con la institución defensorial, entre enero a marzo de este año, existen 429 denuncias, de las cuales, 96 tienen que ver con salario justo, 87 de inamovilidad y estabilidad laboral, 63 beneficios sociales, 61 acoso laboral; entre los más preponderantes.

La Defensoría del Pueblo destacó que los trabajadores bolivianos que se constituyen en el “pilar fundamental” para el desarrollo de Bolivia y reafirmó su compromiso por la defensa de los derechos laborales establecidos en la Constitución Política del Estado y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo al reporte de la Conflictividad en Bolivia de la gestión 2024, la Defensoría del Pueblo registró 244 casos de vulneraciones al derecho al trabajo y empleo. Este dato, según el documento, devela la “precariedad laboral” en muchos sectores como la construcción, salud o la prensa, entre otros.  

Según el Informe ‘Vulneraciones a los derechos humanos en la labor periodística’ de 2024, el 20,7% de 320 trabajadores de la prensa fue afectado en sus derechos laborales y de seguridad social.

El reporte de la situación de las condiciones laborales de las y los trabajadores del aseo urbano de Bolivia, investigación difundida por la Red UNITAS, devela que, en el pasado año, en ciudades de Santa Cruz, La Paz y El Alto, se evidenció vulneraciones de derechos laborales con despidos injustificados y falta de pagos oportunos.