Avicultores tildan de ‘políticas’ las amenazas del Gobierno

El sector avicultor de Cochabamba rechazó este jueves y tildó como “políticas” las advertencias con procesos que hizo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, contra los productores respecto al incremento del precio del pollo.

El vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores, Iván Carreón, dijo que los productores se vieron “muy sorprendidos” por la actitud que tomó el Gobierno debido a que, los ajustes, de precios se presentan cada fin de año.

“Ellos están conscientes de que, anualmente, hay está fluctuación en los precios. Nosotros vemos esto como una medida política puesto que, obviamente, con intimidación uno se preocupa por lo que está pasando”, afirmó.   

Durante los 24 días de bloqueo de carreteras, impulsados por sectores sociales “evistas”, el repoblamiento de las granjas fue irregular debido a que no llegaron los 1.200.000 de pollitos bebé, por semana, que se requerían.

La última semana de octubre no llegó más de 800.000 pollitos bebé, en tanto que la primera semana de noviembre, no llegaron más de 600.000 pollitos bebé para garantizar el abastecimiento.

El viceministro Silva consideró que corresponde que se inicien los procesos de fiscalización a las empresas avicultoras por presunta afectación económica a la población debido a que estarían incurriendo en agio y especulación.

La autoridad advirtió que también se los podría investigar por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque pretenderían generar dinero a costa de la economía de la población.

Carreón también mencionó que los costos de producción de la carne de pollo sufrieron un incremento debido a los problemas en el país. Por ejemplo, dijo que el maíz, alimento balanceado para los pollos, subió de Bs 80, aproximadamente, a Bs 130.

Debido a la variación de los costos, el empresario aseguró que la demanda del producto en estas épocas es mayor, por las fiestas de año, y que el precio está “en función a la oferta y demanda”.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) consideró que la actitud del Gobierno “atenta contra la iniciativa privada, la libre asociación y la propiedad privada” y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado., por lo que insta a no poner trabas al trabajo del empresariado por el bien de la producción en el país.