Antiextractivistas exigen tribunales ambientales para quienes incurren en ecocidio

La ciudad de La Paz, como otras capitales del país, fue escenario de la protesta denominada “Movilización Nacional Antiextractivista” que congregó a varias decenas de manifestantes, jóvenes estudiantes, profesionales y activistas ambientales en general quienes recorrieron las vías troncales de la sede de gobierno para exigir a las autoridades que abroguen el denominado paquete incendiario, frenen la importación de semillas transgénicas y agrotóxicos, y se juzgue penalmente mediante tribunales ambientales a los ecocidas, tal como dispone la ley.

Bajo el lema “Unidos contra la crisis ecológica y social ¡Basta de falsas soluciones!”, la movilización se concentró alrededor de las 19.00 en la plaza Mario Mercado (Av. Arce) para iniciar la marcha portando letreros, pancartas y un ataúd que hacía referencia a los bosques, a los animales y a la naturaleza misma de nuestro país. Se detuvieron ante el Ministerio de Justicia donde emitieron algunos alegatos para continuar con el recorrido hasta subir por la calle Ayacucho y detenerse en puertas de la Vicepresidencia, pues la policía les cerró el paso y no permitió a la marcha continuar.

“Evidentemente, la consigna es defender la vida, entender que la Madre Naturaleza es la que necesita en este momento, está sufriendo y lo que tenemos que hacer nosotros es  ponernos en pie de lucha y poder integrarnos a todas las posiciones ecologistas, las políticas públicas y cómo se va a gestionar en contra de lo que es el extractivismo y las políticas que son en contra del necro capitalismo”, estimó Juan Giacomán, fundador de la legión Anti devastación ecológica durante su participación en la movilización.

Pausa ecológica y abrogación del paquete incendiario

En ese sentido la movilización anti-extractivista exige en primera instancia la abrogación del paquete incendiario, en referencia a las normativas que como lo expresa el manifiesto al que se dio lectura al finalizar la marcha, “…incentivan la expansión de la frontera agrícola y el desmonte de bosques, pantanales, humedales y diversos ecosistemas”.

Otra de las exigencias radica en la declaratoria por parte del gobierno de desastre nacional, en virtud de que los incendios provocados por quemas intencionales están fuera de control, por ello se conmina a la adopción de acciones directas y prontas para frenar esas catástrofes que acaban con la vida de animales, árboles y la salud de las personas, incluso en las ciudades capitales con el aire contaminado por los fuegos y humaredas.

De la misma manera se solicita respeto al derecho a la información de todo ciudadano y a ser considerados para la adopción de decisiones relativas a temas ambientales, tal como lo faculta el Acuerdo de Escazú suscrito y ratificado por Bolivia, “cómo jóvenes queremos denunciar que nos están quitando nuestro futuro, el futuro a nuestros niños y a las especies de flora y fauna”.

Pausa ecológica y restauración de las áreas afectadas por los incendios son otras exigencias que plantea el movimiento anti extractivista, pues a tiempo de solicitar un alto definitivo al acaparamiento de tierras incendiadas, especialmente para el agronegocio, se recuerda que los delitos ambientales, de acuerdo a las normativas vigentes, tienen carácter imprescriptible, por lo que consideran un derecho el adoptar las acciones legales pertinentes.

“Como Acción Ecológica queremos sumarnos a estas protestas porque son justas, ya es hora que los gobiernos que son dignos realmente, los que tienen la batuta en un Estado para acabar con estos incendios forestales que año tras año son más millones, ellos no toman en cuenta la muerte de los animales, la muerte de todo ese ecosistema, esa biología que tenía que garantizar el porvenir de las futuras generaciones, ¡basta de tanta indolencia!, ¡basta de tanta indiferencia ante el dolor de la Naturaleza!”, expresó Pilar Espinoza, otra ciudadana que participó activamente en la movilización anti–extractivista.

A tiempo de demandar acciones, un plan realista y efectivo para detener los incendios forestales, evitando trabas burocráticas y otras semejantes, también se exigió una auditoría a la Administradora Boliviana de Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en cuanto a que su gestión no sería precisamente sustentable, “y se han convertido en aparatos de traficantes de tierra, agronegocio, minería y de los proyectos extractivos”.