Experta dice que el proyecto de reforma a la Ley 348 que surgió en el Senado es regresivo

La abogada experta en violencia de género y secretaria técnica de Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, Mónica Bayá, ha calificado de “regresivo” el proyecto de la senadora Patricia Arce para reformar la Ley 348, ya que propone volver a la revictimización, donde las agredidas por violencia y violencia sexual deben dar sus testimonios en una Cámara Gesell ante un perito y un fiscal asignado.

Bayá afirmó que el proyecto plantea que todas las víctimas de violencia sexual, incluidas niños, niñas y adolescentes, deben dar su declaración dentro de los ocho días, sin considerar si estarán preparadas para dar ese testimonio.

La primera observación es la capacidad del Ministerio Público para tener cámaras Gesell en varios lugares del país. La segunda es si hay peritos forenses especializados para atender estos casos de violencia, porque con la actual estructura, a cualquier víctima la programarán de aquí a noviembre. Entonces, ¿cuáles ocho días?, preguntó.

Considera que la Asamblea debería dirigir sus esfuerzos a fiscalizar estos aspectos, ya que el proyecto, tal como está planteado, señala que, al concluir la toma de declaración por parte del fiscal, los peritos deben dar su dictamen.

“¿En qué parte del mundo se ha visto que un perito dé su dictamen luego de tomar la declaración a la víctima estableciendo si la víctima dijo la verdad o está mintiendo? Eso muestra que no se tiene idea de cómo se realiza un peritaje psicológico”, manifestó en una entrevista con Erbol.

Añadió que además el proyecto de ley asigna al dictamen un valor absoluto y le otorga al forense una competencia que solo el juez tiene, como el hecho de definir qué prueba vale más o qué prueba vale menos.

Sostuvo que el origen de algunos casos presentados no es culpa de la Ley 348, sino de la mala aplicación por parte de algunos investigadores, fiscales y jueces que han dilatado casos de violencia, provocando abusos o que finalmente la víctima abandone su proceso.

Considera que el problema no es la ley, sino que se necesita una implementación real a nivel de algunos ministerios. Aunque se ha hecho algo, falta mayor empeño del Estado y de los gobiernos subnacionales para asignar mayor presupuesto a las tareas de prevención y atención a las víctimas.

Otro factor ausente es un sistema especializado de atención a estos casos, porque no es lo mismo denunciar un robo que denunciar a tu pareja. Tampoco es lo mismo ser víctima de violencia sexual por parte del padre o un hermano que ser víctima de una estafa.

Dijo que estos factores deberían generar especialización porque “realmente estamos hablando de problemas estructurales que no tienen solamente el origen en un problema interpersonal entre la víctima y el agresor, sino que responden a un sistema donde particularmente la violencia hacia las mujeres se ha normalizado, se ha generalizado y es sistemática”.

Señaló que, no obstante, las dificultades identificadas, el Estado tiene una gran deuda para cambiar el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, después del Código del Sistema Penal de 2016 y 2017. En ese marco, comentó iniciativas de algunas mujeres en el sentido de que no todos los casos de violencia familiar deberían entrar al sistema penal. Esa fue una determinación política de las autoridades por desconocimiento de cómo funciona el fenómeno de la criminalidad en general, precisó.

Explicó que, en ese tiempo, había algunas organizaciones de mujeres que plantearon volver al sistema que había antes, donde la víctima podía elegir entre la justicia familiar o la justicia penal; y otros propusieron un sistema contravencional dentro del ámbito penal para esos casos menos graves.

Recordó que, en 2018, la Defensoría del Pueblo hizo un informe y en 2020, el Ministerio de Justicia invitó a varias entidades a formular propuestas de modificación, y con eso construyó dos proyectos, uno de los cuales fue presentado en 2022 al presidente Arce y el otro, el año pasado fue enviado a la Asamblea Legislativa.

Bayá considera que ambas intenciones podrían ser tomadas en cuenta para realizar un análisis sobre la aplicación de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia”, más conocida como Ley 348.