Reforma a la Ley de protección a mujeres divide opiniones en el país

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niñas, junto con colectivos feministas y organizaciones sociales de mujeres, expresan su firme rechazo a cualquier intento de reforma de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en los términos propuestos actualmente. Sin embargo, suman voces en la Cámara de Senadores que abren la posibilidad de debatir dicha norma.

Tras una reunión celebrada el 8 de mayo con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la senadora Patricia Arce, estas organizaciones han emitido un comunicado en el que exigen la implementación efectiva de la Ley 348 por parte del Órgano Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, con la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios, así como la fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional a todas las instancias responsables de su implementación.

Asimismo, proponen que la Defensoría del Pueblo, con la asistencia técnica del Sistema de las Naciones Unidas y el respaldo de la cooperación internacional, lleve a cabo un "Informe de Cumplimiento de la Ley 348", con un enfoque serio, imparcial y objetivo.

Recuerdan que la Ley 348, promulgada el 9 de marzo de 2013, representa un hito histórico para Bolivia en su lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, señalan que, a pesar de los 11 años transcurridos desde su vigencia, las instancias nacionales y subnacionales competentes han descuidado cumplir su rol para su plena aplicación, incluida la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es injusto culpar a la ley por la ineficacia en su aplicación, dice el comunicado.

Consideran que en el contexto actual de una profunda crisis del sistema de justicia y particularmente del sistema penal, no se puede culpar a la Ley 348 por posibles vulneraciones de los derechos de los hombres procesados por delitos contemplados en esta ley. Dichos casos deben ser investigados y las autoridades pertinentes deben informar al respecto.

Se alerta sobre el actual contexto político del país, en el que intereses partidarios y electorales, así como posturas conservadoras y fundamentalistas, buscan polarizar a la sociedad, dificultando el diálogo y la búsqueda de consensos.

Advierten que revisar la Ley 348 constituye un grave peligro, ya que se corre el riesgo de retrocesos en su concepción progresista, su coherencia con la Constitución Política del Estado y su esencia de defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres.

Apoyan modificación

La senadora del MAS-IPSP, Virginia Velasco Condori, ha expresado su apoyo para abordar y avanzar en las modificaciones a la Ley 348, conocida como "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia", la cual tiene como objetivo proteger a las mujeres de cualquier forma de violencia, asegurando que esté en consonancia con el debido proceso y salvaguardando los derechos constitucionales.

Destacó que, si bien la Ley 348 ha representado un avance significativo para el país desde su promulgación el 9 de marzo de 2013, también presenta diversas deficiencias y vacíos legales que deben ser abordados. En ese sentido, enfatizó la necesidad de trabajar de manera consensuada y unir las propuestas de modificación provenientes de diversas organizaciones sociales.

La senadora subrayó la importancia de que la ley no sea percibida como una herramienta que vaya en contra de los hombres o que beneficie exclusivamente a las mujeres, sino que sea equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales y del derecho a la defensa tanto para hombres como para mujeres. En este contexto, considera que es crucial ajustar, modificar y mejorar la ley para garantizar su eficacia y justicia.

En relación con la aplicación de la Ley 348, Velasco Condori señaló que es importante destacar que esta normativa no otorga fuero ni privilegio y su aplicación tiene prioridad sobre cualquier otra norma en casos de delitos de violencia contra la mujer. Sin embargo, destacó la necesidad de asegurar un debido proceso para los varones procesados por violencia contra la mujer, donde se presenten las pruebas necesarias antes de imponer medidas restrictivas de libertad.