La CIDH, preocupada por las elecciones judiciales, urge a la Asamblea a aprobar la convocatoria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las elecciones judiciales en Bolivia y urgió a la Asamblea Legislativa a que apruebe la convocatoria respectiva, para concluir el proceso en tiempo.

“La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia”, dice un comunicado emitido por el organismo.

La ley para convocar a la preselección de candidatos está congelada en la Cámara de Diputados, a pesar de que el Senado ya la aprobó. En medio de esta situación, las bancadas opositoras y del “evismo” acusaron a sus colegas “arcistas” de obstaculizar el tratamiento de la norma.

La CIDH señaló que el Senado aprobó la norma que refleja consensos políticos y agilizaría las elecciones, pero observó que la Cámara de Diputados no ha convocado a sesión para la revisión y aprobación final de este proyecto.

El organismo manifestó su preocupación porque estos desafíos “pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”.

Exhortó a que la Asamblea adopte “medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”.

Los actuales magistrados fenecen su mandato este 2023, sin embargo, debido a la tardanza en la preselección, el Órgano Electoral ha descartado realizar las elecciones judiciales este año, lo cual genera incertidumbre sobre quiénes ejercerán las magistraturas en 2024.   

La CIDH recordó que el nombramiento de magostados debe cumplir con “requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social”. 

Además, señaló que es imperativo para los nombramientos que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado.