Policía inicia controles de vidrios polarizados

La Policía Boliviana inició desde este miércoles con los controles del permiso para el uso de vidrios polarizados tanto en vehículos públicos como privados.

Los motorizados que no cuenten con la autorización serán sancionados con el pago de Bs 100.

“El Organismo Operativo de Tránsito iniciará con los controles rutinarios que, además de revisar el botiquín, triangulo, la llanta de auxilio, SOAT, ahora también va a verificar la roseta de la autorización para el uso de los vidrios oscurecidos o en su defecto la certificación que está en tránsito”, informó a los medios de comunicación el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Vigencia de la medida

Ríos aclaró que su despacho no fue notificado sobre la presunta admisión de la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) en contra de la regulación de vidrios oscurecidos, por lo tanto, dijo, la medida está vigente y seguirá su curso.

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“Mientras no haya un pronunciamiento oficial, una resolución constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que nos señale hacer una paralización de este proceso que estamos realizando, nosotros vamos a continuar con la medida”, explicó Ríos en entrevista con Cadena A.

De acuerdo con el Decreto Supremo 4740 -emitido el 15 de junio de 2022- los vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados deben contar con una autorización emitida por el Ministerio de Gobierno.

Aquellas personas que no cuenten con la roseta o con la certificación de que su trámite está en curso, serán sancionadas con una boleta de infracción.

Lamentó la posición de legisladores porque esta medida pretende luchar contra la inseguridad ciudadana, porque esta medida de regulación responde al pedido de las organizaciones, sociales, padres y madres de familia.

Regulación de vidrios oscurecidos

En 2005 se prohibió el uso de vidrios polarizados, obscurecidos para vehículos particulares y de servicio público; sin embargo, durante la administración de Jeanine Áñez, su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dejó sin efecto esa norma supuestamente para eliminar “trámites burocráticos”.