La Cooperación Española destinará 100 millones de euros a Bolivia hasta el año 2025

Autoridades de los gobiernos de Bolivia y España firmaron el nuevo Marco de Asociación País (MAP) para el período 2022-2025 que incluye la canalización de 100 millones de euros y se ejecutarán adicionalmente a los fondos asignados en el MAP anterior (2018-2021).

El MAP 2022-2025 establece las prioridades geográficas y sectoriales de la actuación conjunta de Bolivia y España en favor del desarrollo sostenible de la población boliviana enfocada en transición ecológica justa, cohesión social, gobernabilidad democrática y de género.

Un reporte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de la Cooperación de España, señala que Bolivia es considerado un país de asociación de renta media y con el MAP 2022-2025 se define la nueva estrategia compartida de cooperación hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano sostenible, reducción de desigualdades y construcción de paz.

El MAP 2022-2025 fue firmado en el marco de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación, entre las delegaciones de Bolivia, presidida por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y del Reino de España, dirigida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela.

El Marco de Asociación País es el principal instrumento de la Planificación Estratégica con la Cooperación Española y está alineado con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

En la cita, ambas delegaciones coincidieron en la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de metas y objetivos de la misma.

Además, destacaron la potencialidad de la cooperación triangular y sur-sur para compartir experiencias exitosas en la aplicación de políticas públicas y programas de desarrollo.

El MAP 2022-2025 entre España y Bolivia se enmarca en una óptica general de transferencia del conocimiento y de fortalecimiento de las instituciones y de la sociedad civil para promover que los avances en el desarrollo sostenible sean inclusivos y equitativos y se realicen en un marco de mayor democracia y respeto a los derechos humanos.