Una institución del desorden
Policías torturan, siembran pruebas, detienen arbitrariamente
Tenemos una institución policial que “todavía desconoce no solamente el protocolo facultativo contra la tortura, sino todas las convenciones que ha ratificado Bolivia en torno a evitar este delito de lesa humanidad”.



La Paz, 17 de noviembre de 2022 (ANF).- Torturas, siembra de pruebas y detenciones arbitrarias constituyen una constante en el actuar de la policía frente a manifestaciones sociales y casos particulares. La vulneración de derechos humanos ocurre con la aquiescencia del Estado y es por eso que hasta la fecha ningún funcionario policial fue procesado por este delito, señalan dos activistas.
“La formación de la policía es la de reprimir y los actos de abusos que se han visto no solo en esta gestión, sino en las anteriores, muestran que el policía está formado primero para golpear no tanto para dialogar, y creo que lo ha asumido tan así que cualquier movilización social que hay ya es pretexto para que ellos puedan desestresarse de tanta pasividad, y en acción hacen todo lo que no deben hacer”, señaló a ANF el activista de derechos humanos de la ciudad de El Alto, David Inca Apaza.
Remarcó que el uso de químicos e implementos que se les provee a los efectivos es para defender a la víctima, no para agredir a una movilización, entonces “yo creo que aquí lamentablemente se ha institucionalizado el tema del uso y abuso del poder”.
En Bolivia la tortura no tiene castigo. Desde 2013 más de mil casos fueron denunciados y ninguno llegó a sentencia. ANF lo evidenció en el reportaje “El Paraíso de los torturadores”. Son varios los factores que confluyen para que policías, militares y funcionarios públicos civiles apliquen la tortura o la permitan, sin temor a ser sancionados.
La presidenta de la organización Pro Derechos Humanos, Nadeshda Guevara, señaló que la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes son parte de “una conducta ya consecuente y constante de la institución policial” que se ha podido evidenciar el año 2019, en la crisis política, y que se ha ido extendiendo a partir de la crisis en la justicia con aprehensiones arbitrarias y detenciones ilegales sin elementos de convicción ni pruebas que vayan a justificar incluso las imputaciones. Ve complicidad del Estado en estos delitos.
“Nosotros hemos podido identificar evidentemente tratos crueles y también una aquiescencia del Estado a partir de la institución policial que ha estado presente en estas últimas acciones (en Santa Cruz), esta aquiescencia obviamente provoca niveles de violencia que se van dando también entre las partes en conflicto”, dijo a ANF.