TSJ abre investigación contra todos los juzgados de Ejecución de Penas

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió abrir investigación a todos los jueces de los Jugados de Ejecución de Penas y concedió un plazo de 48 horas a partir de ayer viernes, para que remitan en formato digital y en orden cronológico todas las decisiones judiciales que hayan modificado la situación jurídica de las personas que estén cumpliendo sentencia condenatoria ejecutorias.

La decisión surge luego del escándalo judicial a consecuencia de la libertad del reo rematado Richard Choque Flores, en el que se encuentra involucrado el juez de Ejecución Rafael Alcón Aliaga.

El instructivo N°7/2022 firmado por el secretario general de la presidencia del Tribunal, César Camargo Alfaro, señala que todos los jueces deberán enviar a la Unidad Transparencia y Lucha contra la Corrupción (UTLCC) todas las sentencias emitidas en las gestiones 2019, 2020 y 2021, para lo cual cada juez tendrá un número de WhatsApp.

Dispone además que, a partir de la fecha, todos los jueces de Ejecución de Penas, deberán remitir en 48 horas a la UTLCC copias legalizadas en formato PDF, las decisiones judiciales que hayan modificado la situación jurídica de las personas que estén cumpliendo sentencia condenatoria.

El Tribunal Supremo ordena que todos los secretarios de los diferentes tribunales y juzgados de materia penal, tienen la obligación de informar por escrito al juez de la causa, respecto al incumplimiento de reglas y condiciones impuestas a todo procesado del cual tengan control jurisdiccional.

Pide a los secretarios informar sobre el cumplimiento de la suspensión condicional de la pena, medidas sustitutivas a la detención preventiva, suspensión condicional del proceso, libertad condicional, detención domiciliaria en ejecución de sentencia y otros.

Instruye también a los presidente y vocales de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, generar espacios de intercambio de experiencias con jueces en materia penal y tribunales de sentencia para uniformar criterios de interpretación y aplicación respecto de determinados beneficios que estén previstos en el ordenamiento penal vigente.

El primer encuentro debería realizarse el 28 de febrero y remitir conclusiones hasta el 4 de marzo, las que serán sistematizadas por la Unidad de Transparencia del TSJ y los tribunales departamentales para asumir mecanismos más convenientes a fin de garantizar la efectividad del mismo.