Empresarios solicitan suspender en el Senado el tratamiento de la ley contra ganancias ilícitas

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó la suspensión en la Cámara de Senadores del tratamiento del proyecto de “ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” mientras se instale un escenario de diálogo entre los actores involucrados.

“En atención a lo expuesto, solicitamos la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 218/2020 - 2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, sostiene el comunicado de los empresarios.

Advierten que la norma contiene artículos que afectan los derechos y garantías constitucionales por la ambigüedad e imprecisión de su redacción y ponen en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que obtuvieron sus bienes con honestidad y trabajo.

La Cámara de Diputados aprobó el 17 de septiembre dicho proyecto de ley y ahora se encuentra en el Senado para su tratamiento, pero varios sectores como microempresarios, gremialistas, choferes, la prensa, y ahora los empresarios rechazan la norma, a pesar que el Gobierno insiste que el proyecto no vulnera derechos y que no afectará a los sectores que están en emergencia.

Los empresarios observan que el proyecto de ley atenta contra derechos fundamentales como “la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita, sin ser sometido a escrutinios arbitrarios”

Rechazan el hecho de ser acusados, procesados y perseguidos por el simple hecho de una sospecha que podría surgir de personas con mala fe. “Incluso la investigación por la presunta comisión de cualquier delito, debe ser llevada adelante respetando el debido proceso y, únicamente, por las instancias judiciales que corresponden”, protestan los empresarios.

Indican que con el fin de perseguir el bien mayor, están seguros que las normas se pueden construir en base al consenso que derive de un diálogo honesto y transparente.