Lluta desafía al Ministro de Gobierno a que lo detenga para que cese "maltratos" contra los yungueños

El dirigente cocaleros Armin Lluta exigió al gobierno que ya no se entrometa en el conflicto de Adepcoca y, dirigiéndose al ministro Eduardo Del Castillo, desafió a que lo detenga si considera que es un problema, pero que así cesen los atropellos del gobierno contra los yungueños.    

“Si Armin Lluta es el problema, señor Ministro de Gobierno, pues de una vez deteneme, pero ya no atropelles más a las mujeres, ya no gasifiques, ya no detengas, ya no maltrates a los Yungas. Si quieres a Armin Lluta pues ejecuta la orden de la aprehensión porque yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por defender y hacer respetar esta propiedad privada”, manifestó el dirigente.

Lluta tenía control de la sede de Adepcoca en Villa Fátima, hasta que la pasada semana un grupo violento tomó las instalaciones y la Policía intervino entregando las oficinas a la dirigencia de Arnold Alanez, quien cuenta con el reconocimiento del gobierno. Es así que desde la semana pasada, cocaleros se movilizan y se enfrentan con la Policía en busca de recuperar su sede.

Lluta aseveró que el movimiento de los cocaleros no es defensa suya, sino por su patrimonio que es Adepcoca. Incluso expresó su intención de poner a disposición su cargo ante una Asamblea. Sin embargo, dijo que la solución al conflicto no es su renuncia, sino que el gobierno deje de entrometerse y permita que los cocaleros arreglen el conflicto de manera interna.

Aseveró que ahora ya conoce cómo es el modus operandi del gobierno en este tema, puesto que –según dijo- le ofrecieron comprar su conciencia con cargos. “Me han ofrecido para que sea Viceministro, me han ofrecido que yo voy a ser el futuro diputado de los Yungas, por lo tanto yo no me debo a eso, yo me debo a la base y voy a seguir defendiendo, por más me ofrezcan muchos cargos, no voy a aceptar”, comentó.

Además, el dirigente señaló que no puede dormir en esta situación, porque ya recibió amenazas y tiene un hijo de tres años y una esposa embarazada. Informó que interpuso una denuncia ante la Misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.