Crean comisión para las víctimas de la dictadura

El Ministerio de Justicia conformó una comisión técnica que revisará las listas para el resarcimiento de daños a las víctimas de las dictaduras, que hace más de nueve años instalaron una vigilia frente a esa repartición del Estado. 

La presidenta de la Plataforma de Luchadores contra las dictaduras, Victoria López, informó que sostuvieron un encuentro con el ministro Iván Lima y el viceministro de Derechos Fundamentales, César Siles, para atender sus demandas. 

“Somos muchas familias afectadas y víctimas por asesinatos, detenciones ilegales, torturas en casas de seguridad, exilio, deportaciones y desapariciones forzadas de personas, en suma, graves violaciones a los Derechos Humanos. Esperamos que puedan agilizar la atención de nuestras demandas”, manifestó López.  Desde el 13 de marzo de 2012, las víctimas y familiares de esos hechos luctuosos instalaron una carpa en pleno centro paceño para exigir al Gobierno que cumpla la Resolución de las Naciones Unidas 60/147, que obliga a los Estados a reparar los daños ocasionados por las dictaduras. 

López explicó que en esa reunión se determinaron plazos, aunque no precisó con exactitud, para que la comisión emita un informe y se cumpla con el resarcimiento económico. Consideró que es un avance a la resolución de sus demandas, pero estarán alertas ante cualquier cambio de decisiones. 

“Desde hace 18 años, hubo resarcimiento parcial a algunas familias, pero no para todas. Nosotros estamos pidiendo que todos los afectados sean parte de este beneficio”, agregó. 

Sus demandas son seis: la desclasificación de los archivos de las dictaduras que tienen las FFAA, el cumplimiento de la Ley 2640 y la resolución 60/147, además de la revisión de los expedientes de víctimas que el Ejecutivo rechazó para la compensación, y finalmente la convocatoria para presentar nuevos expedientes para quienes no lo hicieron oportunamente.   

El 21 de marzo, la Comisión de la Verdad entregó el informe final sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y la vulneración de derechos humanos en el que se recomienda al Gobierno la elaboración de políticas públicas de prevención y las medidas de satisfacción a las víctimas.