Cámara de Diputados aprueba declaración camaral que condena injerencia de la OEA en Bolivia

El pleno de la Cámara Diputados aprobó este jueves una declaración camaral que condena la injerencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en asuntos internos de Bolivia.

“La declaración camaral cuestiona la injerencia de organismos internacionales, como la OEA. Ustedes saben muy bien y el pueblo boliviano lo sabe, cómo es posible que no tengan los criterios contundentes. Indicaron que había fraude y en sus informes solo señalan que había irregularidades, esa es la posición de esa organización internacional”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El documento aprobado en su parte resolutiva señala: “Condenar firmemente la injerencia de Luis Almagro Lemens, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En su artículo segundo exhorta al Órgano Ejecutivo a tomar las acciones legales que correspondan para hacer respetar la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestro pueblo.

Durante el tratamiento de la declaración, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Vega Piña, recordó que, durante el golpe de Estado suscitado en noviembre del 2019, la OEA no se manifestó por los 36 muertos, los 800 heridos y los más de 1.500 aprehendidos y detenidos.

En esa misma línea, el diputado oficialista, Renán Cabezas, sostuvo que su bancada defenderá la democracia, la soberanía y autodeterminación del pueblo boliviano.

“No vamos a permitir que ningún extranjero nos diga qué tenemos que hacer en nuestro país, porque vamos a seguir con la autodeterminación de nuestros pueblos y vamos defender nuestros recursos naturales, si es necesario con nuestra sangre, no nos vamos a someter a ninguna voluntad externa del país”, resaltó.

En su parte considerativa el documento detalla que, “la injerencia electoral extranjera menoscaba el derecho de las personas a tener voz en el Gobierno de su país, de manera directa o a través de representantes elegidos libremente, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye una violación del Derecho Internacional”.