Descartan abrogar Ley de Emergencia Sanitaria

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, descartó la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria debido a que esa acción pone en riesgo la lucha contra la pandemia del COVID-19 en Bolivia

“Esta ley no se va a abrogar. Esta ley beneficia al pueblo y a enfrentar esta pandemia. Y, si hay necesidad de aplicar como corresponde en temas sancionatorios, se lo hará. No nos queda otra, porque aquí estamos en una emergencia sanitaria”, advirtió en entrevista con medios estatales, en referencia al paro médico en rechazo a la norma.

La ley determina ejes de acción para atender la segunda ola de la pandemia del COVID-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Permite la conformación de un Consejo Nacional Estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

La Ley de Emergencia Sanitaria es un requerimiento para que Bolivia pueda beneficiarse del mecanismo COVAX y adquirir medicamentos ante la pandemia del COVID-19. Se prevé que, hasta finales de febrero, llegue al país un lote de vacunas de tres diferentes marcas farmacéuticas para la inmunización gratuita en Bolivia. Se espera la llegada de 92.430 dosis de Pfizer, 500 mil dosis de Sinopharm y 900.000 dosis de AstraZeneca.

Asimismo, el Estado adoptó medidas integrales y estructurales ante la segunda ola de contagios por la pandemia. Con ese fin, la administración del presidente Luis Arce logró adquirir 2,2 millones de pruebas de las cuales 1.6 millones corresponden a antígeno nasal y 556.027 a reactivos para PCR.

“Esta misma ley establece la gratuidad de las vacunas, la gratuidad de las pruebas. Entonces, estamos trabajando en esto y rechazar toda la ley es ir en contra de esta medida tan importante que estamos estableciendo para enfrentar esta pandemia”, cuestionó Mamani.

Según la ley, el Ministerio de Salud y Deportes será el responsable de definir las políticas y la regulación de su implementación del proceso de inmunización que se caracterizará por la gratuidad.

Otra de las acciones planteadas es el control a los precios de los fármacos mediante la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud en coordinación con los laboratorios farmacéuticos industriales del país.

También, establece que durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas.

Las infracciones a las medidas sanitarias durante la declaratoria de emergencia sanitaria serán consideradas como infracciones a la salud pública y serán objeto de sanciones de carácter pecuniario, de servicio social o de aislamiento sanitario, de acuerdo a la gravedad del hecho, no pudiendo imponer detención física de una persona, incautaciones, secuestro y decomiso de sus bienes.

Por su parte, el ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó a los sectores médicos movilizados a trabajar en la reglamentación de la norma.