Responsabilizan a gobiernos de Evo y Áñez por ecocidio

Luego de dos audiencias en las que se recibieron y socializaron testimonios de organizaciones, indígenas, activistas, bomberos forestales e instituciones estatales, acerca de los incendios ocurridos en Bolivia el 2019 y sus actuales consecuencias, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), emitió este jueves su sentencia y dictaminó que hubo un ecocidio y entre los responsables están el gobierno de Jeanine Áñez y la ex administración de Evo Morales.

“Lo sucedido en la Chiquitanía durante los incendios del 2019 ha sido un ECOCIDIO provocado por autoridades bolivianas (administrativas, judiciales, etc) y el agronegocio", menciona el documento de sentencia difundido ayer.

Entre las medidas que plantea para evitar desastres similares, el TIDN determina se deben abrogar de manera inmediata las leyes que promueven los incendios y la depredación de los bosques, incluidas las leyes transgénicas (mencionándolas una a una).

"Se concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de Ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al gobierno de Morales 2019,  y (al) gobierno de Jeanine Áñez 2020 y (la) gobernación de Santa Cruz", dictamina el documento.

El TIDN determina se deben abrogar de manera inmediata las leyes que promueven los incendios

También se estableció que se debe hacer una “pausa ecológica” en la región afectada y evitar asentamientos y labores agrícolas como el monocultivo y uso de transgénicos.

La lectura de esta sentencia por el caso “Pueblos indígenas, Chiquitanía, Amazonía y Chaco contra el Estado Plurinacional de Bolivia”, tuvo la participación -de forma virtual mediante plataformas digitales- de representantes en diferentes regiones de Sudamérica y Bolivia.

Los encargados de dar este veredicto fueron los jueces Patricia Gualinga (Ecuador), Nancy Yañez (Chile) y Felicio Pontes (Brasil), quienes escucharon los testimonios y datos presentados con las pruebas respectivas sobre lo ocurrido en los incendios del segundo semestre del 2019, cuando se quemaron más de 5 millones de hectáreas y se afectó a cerca de 27 territorios indígenas de tierras bajas y 20 áreas protegidas nacionales y subnacionales.

Además, se responsabiliza de los incendios del 2019 a instancias como la gobernación de Santa Cruz, el INRA, la ABT, el Tribunal Agroambiental, y la actual Asamblea Legislativa Plurinacional.

Si bien este veredicto no es vinculante, es decir de cumplimento obligatorio para los Estados, es un precedente que marca una demanda de los pueblos indígenas en contra  de más incendios y la devastación de sus territorios, así como genera incidencia en la lucha de la sociedad para la protección del medio ambiente y la petición de abrogar normas que atentan contra los derechos de la naturaleza.

Durante las audiencias y los testimonios, además de dar a conocer las secuelas que dejó este desastre ambiental, apuntaron a la abrogación de un paquete normativo que permitió la expansión de la frontera agrícola en tierras de producción forestal permanente, que, unido a las fuertes heladas y posteriores sequías, propiciaron un escenario favorable para que el fuego se expanda de manera descontrolada.