Indígenas temen que se repita los incendios del 2019

No llueve, la tierra está seca, la producción agrícola ha bajado y la crisis por falta de ingresos los obligó a salir de sus comunidades rumbo a las áreas urbanas. Esa es la realidad de los indígenas de la Chiquitanía a un año de iniciarse los incendios que devastaron más de cinco millones de hectáreas en esa región.

“Estamos sufriendo hoy las consecuencias de los incendios del año pasado. No llueve desde marzo y la sequía está fuerte. No tenemos los mismos cultivos y las autoridades no nos hacen caso y menos se preocupan por esta región”, dijo en entrevista con ANF, Francisca Matos, representante de la Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH).

Hace un año, la noticia de los incendios en el país ya ocupaba los principales titulares de los medios de comunicación, aunque las gestiones desde las instituciones del gobierno aún eran mínimas. Los indígenas de la región chiquitana comenzaron a alertar sobre el riesgo de haber aprobado previamente normativas que avalan las quemas y autorizan la expansión de la frontera agrícola en el oriente de Bolivia.

Día a día el fuego avanzaba y destruía bosques enteros, animales y cultivos de pequeños agricultores campesinos e indígenas.

“El fuego se llevó todo. Antes producíamos arroz, maíz, yuca, plátano y zapallo, pero hoy porque la tierra quedó tan dañada nada de eso se puede producir”, agregó Matos.

El devastador incendio inició en el mes de agosto y fue extendiéndose de manera acelerada hasta octubre. Los intentos por sofocar las llamas cobraron la vida de bomberos y voluntarios que, ante la deficiente gestión gubernamental de la crisis, arriesgaron sus vidas con los pocos recursos técnicos con que contaban.

“Estamos sufriendo hoy las consecuencias de los incendios del año pasado. No llueve desde marzo”    Francisca Matos, representante de la OMICH

“Ya ha pasado un año de todo esto, pero entiendan que tenemos miedo y el riesgo de otros incendios sigue, porque todo está seco y no tenemos lluvias que nos ayuden”, detalló la líderesa indígena de la Chiquitanía. Además señaló que “los sectores indígenas y campesinos no tenemos producción agrícola para soportar esta pandemia, así que muchos están sobreviviendo con sus ahorros o se quedaron en las ciudades”.

Tras los incendios, que finalmente se apagaron en el mes de octubre con un arduo trabajo de voluntarios, bomberos, colectivos ciudadanos, campesinos, indígenas y autoridades de los diferentes niveles del Estado, se encaminó la demanda para abrogar determinadas normas que diferentes sectores aseguran son la causa de estos desastres ambientales.

Hace siete meses, se envió un proyecto al Legislativo y Ejecutivo para la abrogación de las siguientes normas: Ley 741 de autorización de desmontes, DS 3973 que autoriza quemas y desmontes controlados en Santa Cruz y Beni, Ley 1171 de manejo y uso de fuego para la actividad productiva y el DS 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya.

Estas normas hasta hoy no han sido tratadas y los incendios ya iniciaron en el país con daños alarmantes como en el Parque Tunari y el área y Reserva Natural Otuquis, además el fuego persiste en otras regiones del oriente.