Defensoría denuncia impunidad en caso de tortura cometida por militares a tres civiles

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Departamental de Beni iniciar una acción penal por actos de tortura cometidos por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos, en contra de tres personas que fueron detenidas en mayo pasado, supuestamente, por infringir la cuarentena, hechos que fueron investigados por la Delegación Defensorial de Beni tras conocer las denuncias.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que el Fiscal de ese municipio se negó a promover de oficio un proceso penal por los delitos de vejaciones y torturas, quedando estos actos en la impunidad. 

“Se recibió como respuesta que este tipo de denuncias sin la formalidad legal, pueden derivar en venganzas personales o chantajes a particulares, y que ya habrían transcurrido demasiados días por lo que se requeriría instancia de parte para la investigación”, indicó, según nota de presa de la institución.

Por ello, precisó, en la Resolución Defensorial N° DP/RD/BEN/1/2020, de 4 de junio, emitida a la conclusión de la investigación defensorial, se recomienda a la Fiscalía General del Estado “el inicio de los procesos disciplinarios contra el personal del Ministerio Público del Beni por el incumplimiento a su función de promover la acción pública de oficio”.

Cruz indicó que también se recomendó “al Comandante de la Armada Boliviana el inicio de acciones disciplinarias contra el Responsable de Derechos Humanos del DN2 por haber instado a una de las víctimas de hechos de tortura a suscribir un documento privado que ilegalmente coarta sus derechos de acceso a la justicia y no haber comunicado sobre la presunta comisión de este delito a las autoridades pertinentes, entre otras”. 

También se pidió que se otorguen todas las medidas de protección las personas que denunciaron tortura y a testigos y se anunció que la Defensoría del Pueblo “comunicará la Resolución al Subcomité para la Prevención de la Tortura en el marco del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura”.

Las víctimas, de quienes se guarda su identidad, de forma coincidente señalaron haber sido detenidas por efectivos militares por incumplimiento de las disposiciones de la cuarentena y que fueron trasladadas al Distrito Naval 2, donde dijeron haber sido sometidas a golpes, asfixiados con una bolsa plástica y sumergidos en agua, como mecanismo de castigo por, supuestamente, haber infringido la cuarentena. 

La Delegación Defensorial del Beni logró contacto con una de las víctimas y recabó su testimonio y el de su familia. También conoció, por contactos posteriores, que en esa fecha una persona más, bajo el mismo modus operandi, fue sometida a torturas en el referido distrito naval. Posteriormente, tomó conocimiento de un tercer caso cometido el 7 de mayo con las mismas características.

Estos extremos fueron corroborados por algunos testigos y por el personal médico que atendió a las dos primeras víctimas, luego de la vulneración a sus derechos.

El Área de Derechos Humanos del Segundo Distrito Naval se constituyó para atender el caso, pero se conoció que solamente propició la firma de un documento para que la primera víctima no difunda ni denuncie los hechos. 

Estas posiciones desconocen que la tortura es un delito de acción pública y un crimen de lesa humanidad, por lo que a la fecha no existe una investigación penal abierta.