Según audio, el vocal Soleto se jacta de incumplir sentencias que considera injustas
El vocal de Santa Cruz, Sigfrido Soleto, en un audio que llegó a la redacción de ANF, se jacta de incumplir sentencias constitucionales que él considera injustas, y hace alarde de nunca haber aceptado presión de ninguna índole. “Cuando yo veo que la resolución del Tribunal...



El vocal de Santa Cruz, Sigfrido Soleto, en un audio que llegó a la redacción de ANF, se jacta de incumplir sentencias constitucionales que él considera injustas, y hace alarde de nunca haber aceptado presión de ninguna índole.
“Cuando yo veo que la resolución del Tribunal Constitucional es injusta, yo que soy juez y que soy la ley ¿voy a decir amén a eso? ¿voy a obedecerlo?”, se escucha decir supuestamente a Soleto.
El vocal de la Sala Penal Tercera de Santa Cruz señala que pese a que el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y la Ley 254 del Código Procesal Constitucional en su artículo 15 señalan que las sentencias o resoluciones del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias, él no las cumplirá si las considera “aberrantes”.
“Soy el único vocal de Santa Cruz que obra con principio de independencia, nunca he aceptado presión de ninguna índole, de arriba ni de abajo”, remarca.
ANF buscó la versión de Soleto con llamadas a su número de celular, pero no obtuvo respuesta.
Para el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional es de fiel y estricto cumplimiento y quien tenga una inobservancia comete un delito de incumplimiento de sentencia.
Además, remarcó que no le corresponde a un vocal decidir si una sentencia constitucional es justa o no, ya que se trata de una resolución de última instancia que ha sido muy bien valorada por una serie de filtros dentro del Tribunal Constitucional, y no se la puede considerar injusta.
“Para que esa resolución o esa sentencia constitucional sea publicada o notificada, ha sido debidamente analizada, por lo tanto, no se la puede considerar injusta, se supone que está creando una línea constitucional al respecto sobre cada caso”, apuntó.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, afirmó que es posible que una autoridad no quiera cumplir una sentencia constitucional, pero no es legal que lo haga porque va a tener la consecuencia jurídica de que le inicien un proceso.
Dijo que para que se cumpla la sentencia constitucional la vía es conminar con la resolución de Amparo al funcionario, para que posteriormente si se incumple esa conminatoria, se inicie el proceso penal y sea el Ministerio Público “quien sancione a ese servidor público o persona privada que ha incumplido esa resolución”.
“Hay la vía expedita para iniciar el proceso penal respectivo contra la autoridad, independientemente del proceso disciplinario que pueda proceder por el Consejo de la Magistratura de este incumplimiento a resolución de Amparo Constitucional”, apuntó.
Según documentación que llegó a la redacción de ANF, contra el vocal Sigfrido Soleto, que hizo noticia por dormirse en las audiencias e insultar a los litigantes, se conoce que existen al menos 19 procesos registrados desde 2004 y tienen que ver con estafa, desobediencia judicial, prevaricato, procesos disciplinarios hasta obstrucción de la justicia, muchos denunciados ante el Consejo de la Magistratura pero sin resultados.
Tomado de ANF
“Cuando yo veo que la resolución del Tribunal Constitucional es injusta, yo que soy juez y que soy la ley ¿voy a decir amén a eso? ¿voy a obedecerlo?”, se escucha decir supuestamente a Soleto.
El vocal de la Sala Penal Tercera de Santa Cruz señala que pese a que el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y la Ley 254 del Código Procesal Constitucional en su artículo 15 señalan que las sentencias o resoluciones del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias, él no las cumplirá si las considera “aberrantes”.
“Soy el único vocal de Santa Cruz que obra con principio de independencia, nunca he aceptado presión de ninguna índole, de arriba ni de abajo”, remarca.
ANF buscó la versión de Soleto con llamadas a su número de celular, pero no obtuvo respuesta.
Para el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional es de fiel y estricto cumplimiento y quien tenga una inobservancia comete un delito de incumplimiento de sentencia.
Además, remarcó que no le corresponde a un vocal decidir si una sentencia constitucional es justa o no, ya que se trata de una resolución de última instancia que ha sido muy bien valorada por una serie de filtros dentro del Tribunal Constitucional, y no se la puede considerar injusta.
“Para que esa resolución o esa sentencia constitucional sea publicada o notificada, ha sido debidamente analizada, por lo tanto, no se la puede considerar injusta, se supone que está creando una línea constitucional al respecto sobre cada caso”, apuntó.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, afirmó que es posible que una autoridad no quiera cumplir una sentencia constitucional, pero no es legal que lo haga porque va a tener la consecuencia jurídica de que le inicien un proceso.
Dijo que para que se cumpla la sentencia constitucional la vía es conminar con la resolución de Amparo al funcionario, para que posteriormente si se incumple esa conminatoria, se inicie el proceso penal y sea el Ministerio Público “quien sancione a ese servidor público o persona privada que ha incumplido esa resolución”.
“Hay la vía expedita para iniciar el proceso penal respectivo contra la autoridad, independientemente del proceso disciplinario que pueda proceder por el Consejo de la Magistratura de este incumplimiento a resolución de Amparo Constitucional”, apuntó.
Según documentación que llegó a la redacción de ANF, contra el vocal Sigfrido Soleto, que hizo noticia por dormirse en las audiencias e insultar a los litigantes, se conoce que existen al menos 19 procesos registrados desde 2004 y tienen que ver con estafa, desobediencia judicial, prevaricato, procesos disciplinarios hasta obstrucción de la justicia, muchos denunciados ante el Consejo de la Magistratura pero sin resultados.
Tomado de ANF