ONU advierte por corrupción en las cárceles de Bolivia

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la práctica generalizada de la corrupción en la mayoría de las cárceles del país, y que los funcionarios penitenciarios aceptan esta realidad como “normal”.

El Subcomité de la ONU remarca que el sistema de “autogobiernos” en las cárceles, ante el vacío del Estado, ha profundizado esta práctica que agudiza la situación y afecta sobre todo a los internos más débiles.

“El Subcomité está profundamente preocupado por la existencia arraigada de la corrupción en la mayoría de las cárceles del Estado Plurinacional de Bolivia, que es percibida como algo ‘normal’, tanto por los reclusos como por los funcionarios”, se lee en el informe del Subcomité dado a conocer en 2017, tras su llegada al país, pero que recién se dio a conocer porque el Gobierno no lo autorizaba.

El organismo internacional señala que esta corrupción se manifiesta “en el arrendamiento y compraventa de celdas según su capacidad y comodidad, el cobro a los reclusos por el acceso a teléfonos públicos, a las clínicas o dispensarios, a la alimentación, mayores comodidades o privacidad de las visitas familiares, entre otros”.

Remarca que las desigualdades económicas entre los reclusos acentuaban la vulnerabilidad de los más débiles, “forzados a vivir en condiciones que se asemejaban a malos tratos”.
“Algunas desigualdades llegan a niveles críticos, por ejemplo, cobros en Chonchocoro para tener derecho a dormir en un colchón o el funcionamiento en la cárcel de San Pedro de una sauna”, se lee.

El Subcomité lamenta que pese a que ya hizo recomendaciones similares al Gobierno Boliviano en su visita en 2010, hace siete años, para cambiar la situación en las cárceles, no evidenció ningún cambio al respecto tras su llegada en mayo de 2017. Dijo que por el contrario, la corrupción con el autogobierno se ha profundizado.

“Siete años después y en comparación con lo observado en su previa visita, el Subcomité observó que la situación de autogobierno se ha profundizado. En primer lugar, el autogobierno genera mayores desigualdades en cuanto a las condiciones materiales entre los presos. En las cárceles de San Pedro, Mocoví varones, San Sebastián hombres y San Roque, el sistema de autogobierno determinaba el reparto de tareas relacionadas con las condiciones materiales y de rehabilitación tales como la salud, el trabajo, la ocupación de celdas y las actividades de limpieza”, apunta.

Internos de la cárcel de San Pedro de La Paz hicieron llegar a ANF denuncias sobre pagos obligatorios que deben realizar a los delegados cuando ingresan al penal, y las torturas a las que son sometidos si sus familiares se niegan a enviar el dinero.

Similares denuncias llegaron desde la cárcel de Palmasola donde los delegados hacen la “famosa llamada del seguro de vida” a los familiares de los internos nuevos, y “ahí te torturan hasta que la familia deposita en una cuenta bancaria o trae el dinero en efectivo” al penal.

Se “ha constatado la correlación directa entre corrupción y autogobierno carcelario”, señala el organismo.
El Subcomité también observó con grave preocupación un notable recrudecimiento en el ejercicio de sanciones disciplinarias por parte de los delegados.

“Preocupa al Subcomité la ausencia flagrante de salvaguardas contra la tortura teniendo en cuenta la ausencia de legalidad de los castigos, de garantías del debido proceso para la persona objeto de sanción y de registros sobre la imposición de sanciones disciplinarias”, señala.

Concluye que “combinados, la delegación de autoridad, el autogobierno y la corrupción aumentaban la posibilidad de que las personas privadas de libertad fuesen víctimas de formas sistémicas de explotación, malos tratos, tortura y hasta homicidios cometidos con una probabilidad importante de impunidad”.