Gobierno denuncia a un vocal de justicia por enriquecimiento ilícito
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que se ha presentado una denuncia penal contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider Echalar Justiniano, por enriquecimiento ilícito y otros delitos. La denuncia se basa en la investigación que se...
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El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que se ha presentado una denuncia penal contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider Echalar Justiniano, por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el Gobierno Municipal de Riberalta, que fue intervenida por una comisión interinstitucional compuesta para indagar casos de corrupción.
Según Jiménez, el vocal Echalar fungía entre 2015-2016 como asesor general de despacho del alcalde de Riberalta.
En ese periodo se licitó la obra de mantenimiento para una avenida por un monto de casi dos millones de bolivianos. La irregularidad está en que Echalar, siendo funcionario municipal, financió las boletas de garantía para que la empresa DIANITA gane el contrato, lo que -según el Viceministro- implica también que se direccionó la licitación.
Además llamó la atención los bienes que declaró el vocal. Según el Ministerio de Justicia, Echalar tuvo ingresos de un millón de bolivianos en promedio durante los últimos tres años, cuando ganaba un sueldo de 10 mil bolivianos.
El viceministro Jiménez indicó que Echalar en 2015 declaró un patrimonio de Bs1.862.835, pero cuando ingresó al cargo de vocal tenía bienes por Bs4.731.467. El denunciado asumió el cargo judicial en enero de este año.
Jiménez señaló que esas cifras son un indicio de enriquecimiento ilícito, pero que además se encontraron varias inconsistencias en la declaración jurada del vocal que deben ser investigadas.
La denuncia en este caso es por los delitos de uso indebido de bienes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
Otras dos denuncias
El Viceministro indicó que en total se presentó tres denuncias por presunta corrupción en la Alcaldía de Riberalta.
La segunda corresponde a una enajenación ilegal de bienes público. Explicó que terrenos del municipio en la urbanización Santo Domingo aparecieron en propiedad de particulares, y con papeles.
El Viceministro indicó que presuntamente esos trámites se hicieron con documentos falsos, y que estarían implicados funcionarios de catastro, Derechos Reales y hasta notarios.
En este proceso se denunció a las ocho personas que aparecen como propietarias de los ocho manzanos traspasados irregularmente, incluyendo una persona que al momento de la trasferencia tenía 16 años de edad. Jiménez pidió imaginarse que un menor de edad tenga un manzano de propiedad.
La tercera denuncia se refiere a dos obras de mantenimiento de las plazas Conavi y 3 de febrero. Según Jiménez, la Alcaldía de Riberalta ya pagó cerca a 100 mil bolivianos por su refacción, pero en realidad no se habían hecho trabajos ni de pintado y barnizado.
El Viceministro indicó que incluso, tras la verificación, la empresa encargada intentó disimular contra una mano de pintura superficial.
Señaló que la empresa implicada es TACHER, representada legalmente por Nelly Mauren Ruiz Morales, se adjudicó ambos contratos e incumplió los mismos. Indicó que la responsabilidad es de la comisión de recepción de la obra, que dio el “OK” para el pago sin que se haga los trabajos.
En este caso, los denunciados son cuatro funcionarios ediles, incluyendo el Secretario de Planificación, Hugo Huari.
Tomado de ERBOL
La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el Gobierno Municipal de Riberalta, que fue intervenida por una comisión interinstitucional compuesta para indagar casos de corrupción.
Según Jiménez, el vocal Echalar fungía entre 2015-2016 como asesor general de despacho del alcalde de Riberalta.
En ese periodo se licitó la obra de mantenimiento para una avenida por un monto de casi dos millones de bolivianos. La irregularidad está en que Echalar, siendo funcionario municipal, financió las boletas de garantía para que la empresa DIANITA gane el contrato, lo que -según el Viceministro- implica también que se direccionó la licitación.
Además llamó la atención los bienes que declaró el vocal. Según el Ministerio de Justicia, Echalar tuvo ingresos de un millón de bolivianos en promedio durante los últimos tres años, cuando ganaba un sueldo de 10 mil bolivianos.
El viceministro Jiménez indicó que Echalar en 2015 declaró un patrimonio de Bs1.862.835, pero cuando ingresó al cargo de vocal tenía bienes por Bs4.731.467. El denunciado asumió el cargo judicial en enero de este año.
Jiménez señaló que esas cifras son un indicio de enriquecimiento ilícito, pero que además se encontraron varias inconsistencias en la declaración jurada del vocal que deben ser investigadas.
La denuncia en este caso es por los delitos de uso indebido de bienes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
Otras dos denuncias
El Viceministro indicó que en total se presentó tres denuncias por presunta corrupción en la Alcaldía de Riberalta.
La segunda corresponde a una enajenación ilegal de bienes público. Explicó que terrenos del municipio en la urbanización Santo Domingo aparecieron en propiedad de particulares, y con papeles.
El Viceministro indicó que presuntamente esos trámites se hicieron con documentos falsos, y que estarían implicados funcionarios de catastro, Derechos Reales y hasta notarios.
En este proceso se denunció a las ocho personas que aparecen como propietarias de los ocho manzanos traspasados irregularmente, incluyendo una persona que al momento de la trasferencia tenía 16 años de edad. Jiménez pidió imaginarse que un menor de edad tenga un manzano de propiedad.
La tercera denuncia se refiere a dos obras de mantenimiento de las plazas Conavi y 3 de febrero. Según Jiménez, la Alcaldía de Riberalta ya pagó cerca a 100 mil bolivianos por su refacción, pero en realidad no se habían hecho trabajos ni de pintado y barnizado.
El Viceministro indicó que incluso, tras la verificación, la empresa encargada intentó disimular contra una mano de pintura superficial.
Señaló que la empresa implicada es TACHER, representada legalmente por Nelly Mauren Ruiz Morales, se adjudicó ambos contratos e incumplió los mismos. Indicó que la responsabilidad es de la comisión de recepción de la obra, que dio el “OK” para el pago sin que se haga los trabajos.
En este caso, los denunciados son cuatro funcionarios ediles, incluyendo el Secretario de Planificación, Hugo Huari.
Tomado de ERBOL
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