Legislativo detectó una “red de poder” política
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Romina Pérez, informó ayer domingo que la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización (1985-2005) en el país, detectó una “red de poder” que benefició a 55 actores políticos...



La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Romina Pérez, informó ayer domingo que la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización (1985-2005) en el país, detectó una “red de poder” que benefició a 55 actores políticos con la enajenación de empresas estatales.
Dijo que la red estaba interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina.
“La comisión concluye su trabajo en base a un análisis de una red de poder que identifica a 55 actores de los que se beneficiaron con este proceso de capitalización, esos actores eran a su vez funcionarios públicos, en cargos de ministerios, subsecretarias y superintendencias. Cuando se capitalizaba alguna empresa se adjudicaban ellos con muchas de estas empresas, eran parte de los directorios de las empresas capitalizadas”, explicó en una entrevista con medios estatales.
Según el Legislativo, durante los 20 años del periodo neoliberal (1985-2005) el país perdió 9.576 millones de dólares por la “enajenación” de siete empresas estratégicas del Estado.
Pérez dijo que en caso del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, a través de la política de privatización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), logró ser el mayor accionista a través de contratos de arrendamientos de varias empresas mineras, “que tiene un lucro significativo”.
“En el caso de Samuel Doria Mediana, cuando él era Ministro de Planeamiento posterga la privatización de las dos cementeras de Sucre y Tarija, para después el adjudicárselas y ser socio mayoritario de Soboce”, agregó.
Dijo que la red estaba interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina.
“La comisión concluye su trabajo en base a un análisis de una red de poder que identifica a 55 actores de los que se beneficiaron con este proceso de capitalización, esos actores eran a su vez funcionarios públicos, en cargos de ministerios, subsecretarias y superintendencias. Cuando se capitalizaba alguna empresa se adjudicaban ellos con muchas de estas empresas, eran parte de los directorios de las empresas capitalizadas”, explicó en una entrevista con medios estatales.
Según el Legislativo, durante los 20 años del periodo neoliberal (1985-2005) el país perdió 9.576 millones de dólares por la “enajenación” de siete empresas estratégicas del Estado.
Pérez dijo que en caso del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, a través de la política de privatización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), logró ser el mayor accionista a través de contratos de arrendamientos de varias empresas mineras, “que tiene un lucro significativo”.
“En el caso de Samuel Doria Mediana, cuando él era Ministro de Planeamiento posterga la privatización de las dos cementeras de Sucre y Tarija, para después el adjudicárselas y ser socio mayoritario de Soboce”, agregó.