Pacajes denuncia consorcio en el caso bebé Alexander

La ex jueza Patricia Pacajes denunció ante el Consejo de la Magistratura a sus ex colegas Roberto Mérida y Gladys Guerrero, todos ex miembros del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, por conformar un consorcio ilegal junto a la ex fiscal Susana Boyan en el denominado caso Bebé Alexander.
“Expresamente establece consorcio de jueces en relación a este caso bebé Alexander entre los jueces Mérida y Guerrero, y Susana Boyan”, informó Américo Aranibar, representante del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Detalló que la denuncia es breve y solo refiere que los mencionados habrían sostenido reuniones para tratar el caso Alexander. Pacajes, Mérida y Guerrero son los jueces que sentenciaron sin pruebas a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández por un supuesto delito de violación. Boyan era la fiscal que atendió el proceso hasta el dictamen de la condena.
Pacajes fue destituida, procesada y encarcelada luego de que se hizo público un audio donde admite haber condenado sin pruebas a Fernández. Mérida y Guerrero también fueron alejados de sus cargos y procesados en la vía disciplinaria.

Análisis de la denuncia
Aranibar dijo que remitirán la denuncia de la ex jueza Pacajes ante la autoridad de control y fiscalización de la Magistratura para que sean analizadas y en un plazo pertinente se definirá si corresponde o no abrir un nuevo proceso, ya sea penal o disciplinario, contra los dos ex jueces denunciados.
Agregó que Pacajes también denunció a Mérida y Guerrero por otros dos casos. En la primera acusa a sus ex colegas por otorgar libertad a una detenida y haberle dado salidas prolongadas supuestamente de manera irregular. La segunda acusación apunta a Mérida quien habría atendido un proceso que vincula a su apoderado legal cuando lo correcto era que se excuse de llevar ese caso.
Aranibar anunció que todas estas denuncias se analizarán y luego se definirá lo que corresponda.

Los jueces Mérida y Guerrero fueron destituidos del cargo, puesto que el Consejo de la Magistratura consideró que el caso había afectado demasiado la imagen de la justicia.
La fiscal Boyán, por su parte, renunció al Ministerio Público después de ser relocalizada en la unidad de control biométrico de la Fiscalía.