Defensor constató “excesos” de fiscales en caso Alexander

La Defensoría del Pueblo presentó este viernes su informe respecto a las vulneraciones a los derechos de Jhiery Fernández en el caso Alexander. A criterio de la entidad, el Ministerio Público ejerció una “persecución a ultranza” con “excesos” contra el médico, por lo cual recomendó que se procese disciplinariamente a los fiscales que hicieron la investigación.

El defensor David Tezanos Pinto explicó que, de acuerdo a la investigación que se hizo, la Fiscalía tiene una “alta responsabilidad” por alejarse del principio de objetividad, puesto que solo tomó en cuenta las pruebas que incriminaban al médico, pero descartó por formalismos los estudios que negaban la violación.

Indicó que la Fiscalía tomó en cuenta el certificado emitido por la forense Ángela Mora, que señalaba una violación, pero dejó de lado los informes de otros tres expertos que descartaban la comisión de ese delito.

Tezanos, en conferencia de prensa, afirmó que la comisión de fiscales tiene responsabilidad directa en la persecución que hubo contra Fernández.
Señaló que el informe de la forense Mora fue erróneo y que ella tiene responsabilidad de ese acto. Manifestó que se debería ser citada.

En su recomendación del informe, la Defensoría planteó “al Fiscal General del Estado promover el inicio de las acciones disciplinarias que correspondan contra las y los fiscales que hubieran participado en la presente causa, sin perjuicio de iniciar acciones de tipo penal si correspondiera”.

Constató presiones
El informe también cuestionó que se haya permitido a entidades como el Ministerio de Justicia, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Hospital de Clínicas establecerse como sujetos procesales en el caso, puesto que normativamente no tiene la función de defensa o de representación legal del niño, como sí lo tiene la Defensoría de la Niñez y el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).

Para la Defensoría, “la presencia de estas entidades del Estado, muchas de ellas representadas por más de un abogado, generaron presiones en los juzgadores”. Incluso mencionó que la entonces ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, había asistido a una audiencia y pidió la detención preventiva de todos los acusados.

“Las intervenciones señaladas generan circunstancias que terminan siendo afectaciones a la aplicación de los principios de independencia e imparcialidad judicial, toda vez que implicaron presiones”, señala el texto.

También señala que el Fiscal General, la Fiscal Departamental, Gobernador del Departamento de La Paz, Asambleístas Departamentales y Nacionales emitieron pronunciamientos públicos, los cuales generaron que “los funcionarios del sistema de justicia penal, fiscales, investigadores y jueces, asumieran medidas que no siempre se ajustarían a la norma”.

Tezanos indicó que, de acuerdo a lo que habló con familiares de Jhiery, el informe defensorial será presentado ante el tribunal encargado de la apelación a la sentencia de 20 años de cárcel en contra del médico.