Ley de acceso a información: un arma contra la corrupción

La aplicación de una ley de acceso a la información pública ayudaría a mejorar la lucha contra la corrupción en el país, porque facilitaría a los ciudadanos los mecanismos para realizar una fiscalización más efectiva a las instituciones del Estado y a las autoridades, según coincidieron entendidos en la materia, entre ellos el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marcelo Miralles.
La temática fue abordada en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información que se celebró este 28 de septiembre.
Miralles señaló que una ley de acceso a la información pública permitiría prevenir hechos de corrupción en las entidades estatales.
“Una ley de acceso a la información pública es necesaria para poder prever casos de corrupción no sólo en el Órgano Ejecutivo, sino también en los órganos judicial y legislativo porque utilizan recursos públicos que son de todos los ciudadanos”, manifestó Miralles.
Recordó que ante la falta de una ley de esas características, existen la Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción que garantiza al ciudadano el acceso a la información pública que se encuentra en poder de las instituciones del Estado.
Por su parte, Marcos Loayza, coordinador de proyectos de la Fundación Construir, sostuvo que una de los objetivos que tienen las leyes de acceso a la información en otros países es la lucha contra la corrupción.
“Uno de los baluartes que tienen las leyes de acceso a la información es justamente la lucha contra la corrupción. Es decir, el ciudadano, al notarse empoderado por una norma, al ver que puede exigir información sobre presupuestos, sueldos, contrataciones, gastos y otros, decide realizar un control social. Seguramente que el momento en que exista esta ley, bajarán los índices de corrupción”, dijo Loayza.
La abogada Susana Peñaranda es la proyectista del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que en su momento presentó la Asociación de Periodistas de La Paz al Congreso Nacional. Peñaranda coincidió que una normativa de estas características sería una buena contribución a la lucha contra la corrupción, puso como ejemplo el acceso que deberían haber tenido los ciudadanos desde mucho tiempo atrás a las cuentas bancarias de las autoridades de Estado.
“Hace muchos años que esa es información pública, porque desde la Ley Safco las autoridades estatales tienen la obligación de registrar, al asumir y al dejar el cargo, toda la información referida a su patrimonio y sus ingresos”, dijo Peñaranda.