Edwin Blanco: Un fiscal debe conocer el caso 20 minutos antes de entrar a la audiencia

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, indicó que uno de los objetivos del nuevo modelo de la Fiscalía corporativa es que lo fiscales conozcan los casos 20 minutos antes de ingresar a una audiencia; resaltó que en estos dos años de funcionamiento de la corporativa ya se tienen algunos logros.

Ante cuestionamientos de que con el nuevo modelo los fiscales desconocen los casos, Blanco dijo que ahora éstos están capacitados para conocer las causas de manera colectiva, uno acude a audiencias y otros hacen las resoluciones e investigaciones.

Recordó que con el antiguo modelo un solo fiscal atendía entre 15 a 18 audiencias, hacía resoluciones, atendía a la gente, sin embargo ahora, si bien hay muchas audiencias, solo un fiscal las atiende.

“Por ahí se cree que un fiscal tiene que ser dueño del caso y que al estar dos o tres o cinco meses o un año con el caso tiene dominio pleno, en otros países los fiscales antes de entrar a la audiencia conocen el cuaderno 20 minutos antes y tienen un dominio relativamente aceptable, aspecto que si alguien de otro país lo hizo, nosotros también lo podemos hacer”, indicó el fiscal.

Dijo que el tema pendiente es mejorar las especialidades de los fiscales, porque eso permitirá que tengan mayor dominio de las causas y cuando acudan a una audiencia en poco tiempo tendrán dominio del cuaderno de investigaciones de un determinado caso.

Destacó que en dos años la Fiscalía corporativa permitió la reducción de ausencias de fiscales en audiencias a un 30% y una fiscalización adecuada para que éstos no incurran en corrupción.

“Pero qué cosas buenas tenemos con el nuevo modelo de gestión fiscal: tenemos informes que se reportan y que por cada unidad se archivan cada dos meses 1.000 causas; si antes yo tenía ausencia de fiscales en un 50, 60 hasta un 70% de audiencias, el día de hoy es al revés, hay presencia fiscal en más del 70% de audiencias”, manifestó Blanco.

También, dijo, se logró mayor índice de sentencias, el trabajo se ha maximizado, el cumplimiento de metas institucionales ha mejorado en cuanto a capacidad resolutiva del llenado del sistema i4 y existe adecuado control y filtro de las resoluciones fiscales, acotó.

“Antes era fácil que un fiscal, uno solo que pueda tal vez meterse en hechos de corrupción, emitir un rechazo indebido, ahora esa resolución tiene que pasar por dos o tres fiscales. Entonces yo creo que ahora es más complicado incluso que los fiscales formen parte de algún consorcio”, señaló.

Para Blanco las tareas pendientes son: mejorar la atención a litigantes en plataformas y unificar los archivos de todas las fiscalías.

La exfiscal Karina Cuba dijo que si bien al inició hubo problemas en la implementación de la Fiscalía corporativa, gradualmente se fue superando y dando buenos resultados. “Los fiscales ya no son dueños de un caso, se brinda mayor información a los litigantes, descongestionamiento de la carga procesal, y se cuenta con datos estadísticos almacenados”, indicó.

El problema principal que tiene el nuevo modelo, dijo, es que los fiscales se deslindan de las responsabilidades. Como uno está con audiencias, otro con resoluciones y otro en investigaciones, entonces al final nadie quiere asumir responsabilidad de los casos, y “eso se debe mejorar y reformular dando funciones específicas a los servidores públicos”.

“Todos se deslindan de la responsabilidad y nadie quiere asumir la responsabilidad, no hay un trabajo en equipo, no se ha logrado hasta el momento trabajar en equipo”, manifestó la exfiscal.

Susana Saavedra, representante de la Fundación Construir, destacó la implementación del modelo corporativo. “En términos de diseño ha funcionado, hay algunos avances porque ahora tenemos un Ministerio Público que ya tiene una estructura por especialidad, inclusive está avanzando en lineamientos para que haya una política criminal que en teoría eso es bueno”, apuntó.

Sin embargo, refirió la abogada Paola Barriga, queda pendiente “legalizar” este nuevo sistema porque “no está acorde a la normativa boliviana”.

“Es un sistema contrario a la Constitución y a las leyes y a toda la normativa vigente que cuenta nuestro país, no está regido por ninguna norma que se haya establecido, es un elemento que simplemente es arbitrario, que no funciona para los litigantes ni para los abogados”, indicó Barriga.
Tomado de ANF