Gobierno creó un Consejo Nacional de Defensa en caso Quiborax el 2006

La administración del presidente Evo Morales creó el 2006, mediante Decreto Supremo 28694, un Consejo Nacional de Defensa Legal ante la demanda de Quiborax, todas las acciones del litigio debían ser informadas al presidente, Evo Morales, reveló el diputado Wilson Santamaría (UD).

La norma fue dictada el 2006, en su artículo 2 dispone la “creación del Consejo Nacional de Defensa Legal de Bolivia Ad Hoc con la finalidad de coordinar y articular la defensa legal del Estado Boliviano y de su Secretaría Técnica como órgano asesor del mismo, ante la demanda de arbitraje internacional interpuesta en contra del Estado por la empresa Non Metallics  Minerals S.A. en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.

Santamaría cuestiona si este Consejo cumplió con sus atribuciones que le encomendó el Gobierno mediante una norma expresa, toda vez que la misma estaba conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Economía y Finanzas y de Minería, podían ser reemplazados por los viceministros, dice la norma.

“La Fiscalía en una investigación objetiva debe convocar a todos los involucrados, ¿el fiscal conoce de este decreto? ¿Sabe que en el país la responsabilidad es solidaria y mancomunada cuando existe una delegación expresa? ¿Convocó a estos otros ministros (a declarar)?, porque el Gobierno les delegó defender al Estado en el caso Quiborax”, sostuvo el legislador.

Asimismo dijo que la norma establece que el presidente Morales debía ser informado sobre todas las fases del litigio “Y que deben informar, no al portero,  no en conferencia de prensa, sino deben informar al presidente sobre cada fase del arbitraje. ¿Han hecho eso, no tenemos un presidente ingenuo, fue informado en cada etapa?, consultó.

También se constituía en una instancia para plantear objeciones en el proceso pero "nunca presentaron la objeción de incompetencia referida a la falsificación de la composición societaria sabiendo que el señor Moscoso había recibido una sentencia penal", afirmó. Además tenían la competencia de asistir a las audiencias y hacer seguimiento al proceso.

El legislador demandó al Ministerio Público realizar una investigación objetiva, hacer una valoración completa de todos los documentos y convocar a todas las autoridades y exautoridades involucradas en el litigio, incluso a los miembros del denominado Consejo creado para la defensa de los intereses del Estado.

De lo contrario se evidenciará que se trata de una “persecución política” en contra del expresidente Carlos Mesa, a quien la Fiscalía convocó de manera ágil para tomar sus declaraciones después que el Procurador General lo denunció por el caso Quiborax en el mes de mayo.

“No confió en esta Fiscalía porque es sumisa, dependiente y obediente del Órgano Ejecutivo, seguro que pretenderán hacer es admitir la denuncia para inhabilitar a Carlos Mesa, porque les incomoda (políticamente). No es correcto procesar a una persona solo por instrucciones políticas”, señaló Santamaría.
Tomado de ANF
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