El MAS interpelará en la Asamblea a Arce y Navarro por caso Quiborax

Los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro respectivamente serán interpelados por el caso Quiborax S.A., Non Metallic Minerals, el 4 de julio en la Asamblea Legislativa, en medio de la polémica porque el Estado tuvo que pagar $us 42 millones producto de haber perdido una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Los interpelantes son los diputados del oficialismo Betty Yañiquez y Víctor Borda, el proceso interpelatorio se produce en medio de cuestionamientos al Gobierno por la defensa que asumió para resguardar los intereses del Estado, toda vez que tuvo que pagar $us 42 millones de indemnización a la compañía chilena Quiborax.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales en una nota dirigida a la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño le hace saber que la “Asamblea Legislativa convocará a sesión para la interpelación al Ministro de Justicia, Héctor Arce y al Ministro de Minería, César Navarro, el 4 de julio a las 8.00”.

Borda confirmó a ANF de la interpelación la que pretende remitirse a la época desde que la transnacional suscribió la concesión con el Estado para la explotación de mineral no metálico ulexita en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

Añadió que el interés es conocer los detalles sobre si la empresa Quiborax cumplió con el contrato, si realizó o no las inversiones respectivas, cómo fue el procedimiento de reversión de la concesión, las normas que se dictaron (decretos supremos) y quienes promulgaron las mismas.

“Además de los argumentos fáctico jurídicos por el cuál Quiborax demandó al Estado”, es información que se necesita conocer dijo Borda, para entender la reversión de la concesión que se consolidó en el gobierno de Carlos Mesa, quien actualmente ha sido denunciado por el Procurador General del Estado, Pablo Menacho.

Si en la lista de 25 preguntas, también consultarán el por qué el Estado terminó perdiendo la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que falló a favor de la empresa chilena y ratificó el laudo arbitral que le obligó al Estado a pagar $us 48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión de la concesión, Borda dijo que se consultará sobre “todo el procedimiento, sobre todo el proceso en sí”, afirmó.

La polémica en torno a Quirobax se generó porque se conoció que existieron negociaciones para conciliar el lío jurídico, por las que el Estado pudo haber pagado 3 millones de dólares, mientras que otro acuerdo pretendía un pago de 27 millones de dólares, ninguno prosperó.

El otro tema de polémica es la filtración de información a favor de Quiborax, cuando la exsubprocuradora Carmiña Llorenti confiesa que desde su correo personal los representantes de la empresa chilena  se enviaron cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con control de cambios, otra que ya tenía corregido y dos acusaciones de querellante”, se lee en un documento publicado por el diario Página Siete.

El proceso administrativo seguido a Llorenti habría sido iniciado en marzo de 2018, no obstante Arce conoció de la filtración de datos desde diciembre de 2016, ninguna instancia de Gobierno por este caso inició un proceso judicial contra Llorenti por este tema que hubiera beneficiado a la empresa de Quiborax.
Tomado de ANF