Vecinos dan 72 horas para elegir al remplazo de Leyes

Los vecinos de los barrios de la zona sud de la ciudad de Cochabamba dieron un plazo de 72 horas a los miembros del Concejo Municipal para la elección del reemplazante temporal del alcalde de ese municipio, José María Leyes, quien cumple una detención domiciliaria por el caso de la compra de útiles y mochilas escolares de este año con presunto sobreprecios, informó el lunes el presidente del Distrito 8, Juan Montaño.

“Todos los dirigentes que concierne al Consejo distrital estamos dando un plazo de 72 horas al Concejo Municipal para que resuelva esta situación”, dijo a los periodistas.

Hace más de una semana, el juez cautelar, Fernando Pérez, dictó detención domiciliaria con resguardo policial para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y tener contacto con funcionarios municipales, entre otras medidas.

Montaño advirtió que los vecinos de la zona sud realizarán movilizaciones desde el jueves, si el Concejo Municipal no elige a un reemplazante de Leyes, porque -dijo- la falta de una autoridad ejecutiva en la Alcaldía de Cochabamba provocó la paralización de varias actividades ediles.

“Tenemos muchos compromiso que están para esta gestión que se han planificado y que están paralizadas. Todas las reparticiones municipales están sin actividad y eso nos preocupa”, manifestó.

Dijo que entre las tareas municipales sin movimiento está la aprobación de procesos de licitación, personerías jurídicas y planimetrías, además de varios compromisos que Leyes hizo respecto a las obras para varios barrios.

“Exigimos que el Concejo Municipal resuelva esta situación”, sentenció.
El 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental “26 de Febrero”, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.